Los magistrados Alba Meza, Carlos Vera Ruiz y Graciela Ortiz, condenaron este viernes a Hugo Richard Villalba, Fabio Andrés Pineda Silva y Sergio Denis Arzamendia González a 6 años y 6 meses de prisión por los hechos punibles de tráfico de armas (tentativa) y producción de riesgos comunes, en ambos casos como co-autores. 

El fiscal Miguel Alvarenga detalló que estas personas fueron detenidas el 28 de diciembre de 2017, tras un allanamiento en el barrio San Sebastián de Presidente Franco, donde se encontraron armas de fuego y cartuchos de varios calibres, cargadores para varios tipos de pistolas automáticas y la suma de 3.800 dólares americanos. 

Los elementos determinantes para la condena de los tres jóvenes fueron las documentales, como las actas de procedimiento, las facturas obtenidas en las casas de venta de armas y artículos de pesca y otros elementos que fueron detallados durante el juicio oral. 

El Tribunal ordenó también el comiso de todas las armas y municiones incautadas en el procedimiento, además del dinero en efectivo que deben ser enviados a la Dimabel y la Senabico, respectivamente. 

UNA MEJOR INVESTIGACIÓN 

El Tribunal notó que no se hizo una investigación correcta, porque hay personas que estuvieron vinculadas al inicio del proceso y fueron beneficiadas con criterio de oportunidad, en otra etapa de la investigación. En el caso del brasileño Paulo Roberto Ruiz, fue expulsado, por tener condenas por otros hechos punibles en su país de origen. 

Los magistrados entendieron que hay nombres que surgieron en los documentos presentados y remitieron los antecedentes al Ministerio Público para que se haga una investigación más precisa. La primera parte de la tarea estuvo a cargo del fiscal Eduardo Cazenave, mientras que su colega Alvarenga acudió para sostener la acusación en el contradictorio.
Igualmente se mencionó (durante la investigación) a los tres acusados como supuestos soldados del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), pero no se arrimaron elementos que puedan confirmar o desvirtuar ese dato, que más bien fue expresado por los agentes policiales que realizaron el allanamiento y acompañaron la investigación, sin que el Ministerio Público sostenga con pruebas una acusación al respecto.