El Tribunal de Apelación Penal de Alto Paraná revocó la orden de captura contra el abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir físicamente a funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), en un hecho ocurrido en el distrito de Tavapy. La resolución judicial, firmada por los camaristas Raúl Insaurralde, Marta Acosta y Efrén Giménez, generó fuertes críticas por el tratamiento del caso, especialmente porque la principal víctima es una mujer, funcionaria pública en ejercicio de sus funciones.
Según la imputación, Acosta abofeteó a la funcionaria Lourdes Sosa Cuevas durante una inspección técnica, además de maltratar verbal y físicamente a otros trabajadores del INTN. El hecho quedó registrado en video y fue ampliamente difundido, lo que desató un rechazo generalizado en redes sociales y medios de comunicación.
El juez penal de garantías de Santa Rita, Bernardo Silva, había dispuesto la orden de detención preventiva, considerando la gravedad del hecho y la existencia de riesgo procesal. Sin embargo, el Tribunal de Apelación decidió revocar esa decisión y conceder la eximición de medida cautelar, con base en que el imputado, a través de sus abogados, se había presentado voluntariamente ante la justicia antes de ser capturado y ofreció documentación sobre su arraigo.
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La resolución se amparó en el artículo 249 del Código Procesal Penal, que permite solicitar la eximición si aún no se ejecutó la medida restrictiva de libertad. El tribunal también valoró la falta de respuesta de la Fiscalía al recurso de apelación, señalando que la fiscal del caso, Rocío Celeste González Alvarenga, no solicitó medidas cautelares adicionales ni respondió en el plazo legal, lo cual favoreció el planteamiento de la defensa.
La decisión de los camaristas fue duramente cuestionada por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, considerando que sienta un precedente negativo en casos de violencia de género. Sostienen que se otorgó un beneficio procesal a una persona con influencia social, pese a la gravedad del hecho, la existencia de pruebas materiales y la condición de funcionaria pública de la víctima.
Desde el INTN, la institución condenó enérgicamente la agresión sufrida por sus trabajadores, expresando su solidaridad con los afectados y solicitando que se garantice la seguridad del personal técnico en el ejercicio de sus funciones.
El expediente fue devuelto al juzgado de Santa Rita, donde se deberá fijar una audiencia de ser oído, con el imputado ya en libertad.
Este caso vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de garantizar una justicia igualitaria, libre de privilegios, y la aplicación efectiva de las leyes que protegen a las mujeres contra toda forma de violencia.