Los fiscales Manuel Rojas Rodríguez y Hermenegilda Cubilla allanaron en la mañana de este miércoles 29 de abril la firma comercial Autoservice Tía Chela, en prosecución de una investigación por supuesta sobrefacturación en compra de alimentos realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este para distribuir a familias carenciadas durante la pandemia por el COVID-19. En la oportunidad, se requisaron documentos, facturas y acta de constitución de la empresa. Auditores de la Contraloría General de la República acompañaron el procedimiento.
El magistrado Carlos Vera Ruiz, titular del Juzgado Penal de Garantías número 3, firmó el mandamiento judicial para la intervención del comercio, que está ubicado en el Área 4 de la capital del Alto Paraná. La firma, que pertenece al ciudadano Fermín Ávalos Britos, había sido adjudicada por el intendente municipal, Miguel Prieto, con un contrato de casi 3.000 millones de guaraníes para la adquisición de kits de alimentos.
Los intervinientes buscan determinar la capacidad financiera y operativa de la empresa, que se vio beneficiada con la millonaria adjudicación supuestamente de manera irregular, según la denuncia promovida por el concejal municipal Celso Kelembú Miranda.
Previamente, el Ministerio Público y la Contraloría General allanaron el martes 28 de abril la sede de la Municipalidad de Ciudad del Este y requisaron documentos administrativos y contables. Igualmente, los fiscales Rojas y Cubilla verificaron los alimentos adquiridos por la Comuna y que están almacenados en el Polideportivo Municipal del barrio Pablo Rojas.
Según la denuncia de Miranda, la administración de Prieto habría cometido presuntamente delitos de Lesión de Confianza, Estafa, Apropiación y otros ilícitos con la supuesta compra sobrefacturada de kits de alimentos y de insumos médicos, durante la cuarentena sanitaria declarada por el coronavirus.
Miranda presentó tres denuncias en contra del jefe comunal esteño. Las causas penales, individualizadas con los números 2218/2020, 3038/2020 y 4524/2020 respectivamente, se tramitaban en las unidades penales números 10, 8 y 5.
No obstante, todas estas causas pasaron a cargo del fiscal Manuel Rojas, de la Unidad Especializada en Narcotráfico, y Hermenegilda Cubilla, de la Unidad Penal número 1, quienes conforman un equipo de trabajo. Los mismos fueron designados para proseguir las investigaciones mediante resolución número 153, de fecha 10 de abril del 2020, firmada por el fiscal adjunto de Alto Parará y Canindeyú, Edgar Moreno.
Los sendos allanamientos realizados el martes y este miércoles fueron en el marco de una de las causas que investiga el Ministerio Público. Los documentos incautados serán auditados por profesionales la Contraloría General, merced a un convenio vigente entre este organismo y la Fiscalía General del Estado, según dieron a conocer los intervinientes.