La Procuraduría General de la República, en representación del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), presentó este viernes una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los camaristas de Alto Paraná Efrén Giménez, Raúl Insaurralde y Marta Acosta, quienes resolvieron revocar la orden de captura dictada contra el abogado Walter Ramón Acosta.
La presentación se realizó a las 14:00 horas y apunta a los magistrados por presunto mal desempeño de funciones, luego de que otorgaran la eximición de prisión preventiva al abogado, pese a la existencia de una orden de detención vigente, dictada por el Juzgado Penal de Garantías de Santa Rita.
El fallo del Tribunal de Apelación, que dejó sin efecto la captura de Acosta, generó un amplio repudio ciudadano y fue criticado por diversos sectores sociales, instituciones públicas y gremios de profesionales, al considerar que debilitaba la protección a la víctima, una funcionaria pública agredida en ejercicio de sus funciones.
El abogado Walter Acosta fue filmado abofeteando a la ingeniera Lourdes Sosa Cuevas, jefa de Fiscalización de Surtidores del INTN, durante una inspección realizada el 18 de marzo en una estación de servicio en la localidad de Tavapy, Alto Paraná.
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El INTN, a través de la Procuraduría, resolvió impulsar la denuncia contra los camaristas por considerar que su actuación no respetó los principios de legalidad y protección a la víctima, además de comprometer la imagen institucional del Poder Judicial ante un hecho de violencia que fue ampliamente difundido a nivel nacional.
Prisión preventiva
Días después del fallo del tribunal, el juez penal de garantías Bernardo Silva revocó la eximición y ordenó la prisión preventiva de Acosta, quien actualmente guarda reclusión en una celda de la Dirección de Policía de Ciudad del Este, a disposición del proceso penal abierto por coacción, coacción grave y resistencia.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá ahora analizar los elementos presentados por la Procuraduría y resolver si abre un proceso contra los camaristas involucrados en la causa.



