La denuncia contra los profesionales fue presentada por Óscar Medina Cabral, quien refirió que el 4 de julio de 2014, en horas de la madrugada, llevó a su hija de 14 años al hospital del IPS de la capital del Alto Paraná para ser atendida por intensos dolores abdominales, fiebre, diarrea y vómito. 

Sin embargo, pese a la gravedad de su cuadro, la menor recién fue atendida a las 07:30 horas por la pediatra de guardia, doctora Karina Aguilera, quien ordenó que se realicen estudios laboratoriales a la paciente y la derivó de inmediato a la sala de internación para ser evaluada por un cirujano infantil de turno, considerando que sufría de peritonitis. 

Luego, la pediatra de guardia se comunicó con el cirujano infantil, el doctor Rodolfo Arias, quien manifestó que acudiría al lugar para atender a la paciente, pero recién apareció a las 17:00 horas en el hospital. El médico dijo que al día siguiente volvería a evaluar a la adolescente, pero no apareció.

No obstante, ese 5 de de julio las enfermeras se comunicaron esta vez con el doctor Ignacio Cerezo, quien ese día estaba de guardia, para atender a la paciente, pero el mismo se retiró del centro asistencial sin prestarle atención.

Ante el reclamo de los familiares, a las 19:00 horas de ese sábado 5 de julio, el doctor Arturo Leguizamón se constituyó al IPS y explicó el estado de la menor y la necesidad urgente de trasladarla hasta el Hospital Central de Asunción para someterla a una cirugía.

Por la gravedad y urgencia del caso, los familiares decidieron trasladar a la enferma hasta el sanatorio privado Manuel Riveros, donde inmediatamente fue intervenida quirúrgicamente de peritonitis aguda y quedó varios días internada para su recuperación, atendiendo que la enfermedad afectó los intestinos y otros conductos.

El denunciante declaró que se vio obligado a gastar más de 25 millones de guaraníes para salvar la vida de su hija ante la falta de atención en el IPS por parte de los dos médicos ahora imputados. 

El fiscal Miguel Alvarenga solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los procesados. De igual modo, pidió tres meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.