Carlos Portillo, exdiputado destituido en 2021, cuestionó el eventual retorno de Kattya González al Senado, alegando discriminación en el tratamiento de su propio caso, que lleva cuatro años pendiente en la Corte Suprema de Justicia.
El exlegislador liberal Carlos Portillo manifestó su malestar ante la posibilidad de que la exsenadora Kattya González sea restituida en su banca, tras la acción de inconstitucionalidad que ella presentó contra la resolución que la destituyó en febrero de 2024. Portillo recordó que su propio proceso judicial por pérdida de investidura sigue sin resolverse desde 2021, pese a haber sido admitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
«Si Kattya González vuelve al Senado, somos muchos los que debemos ser indemnizados por la expulsión injusta y arbitraria, más aún en mi caso, que sigue sin resolución desde hace casi cuatro años», expresó Portillo en sus redes sociales, aludiendo a la falta de equidad judicial.
El exdiputado fue expulsado en diciembre de 2020, en medio de acusaciones mediáticas sobre supuestos pedidos de favores a cambio de influencias. A diferencia del caso de González, el expediente de Portillo no fue analizado en profundidad ni resuelto hasta la fecha por el máximo tribunal. «A mí me echaron por un chisme de pasillos, solo por haber dicho que Cartes reparte cargos», afirmó.
Mientras tanto, el proceso de Kattya González avanza con mayor celeridad. La Corte ya integró su Sala Constitucional y podría expedirse en breve, tras el dictamen favorable del Ministerio Público que calificó de inconstitucional la decisión del Senado. González fue destituida por supuesta utilización indebida de influencias para beneficiar a dos asesores, en una votación cuestionada por no haber alcanzado la mayoría calificada establecida en el reglamento interno.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, ya adelantó que el oficialismo no acatará una eventual reposición de la exsenadora. Sin embargo, juristas advierten que negarse a cumplir una sentencia judicial representaría un desacato, hecho punible conforme a la legislación vigente.
El caso genera un debate sobre la selectividad judicial y la falta de uniformidad en los fallos constitucionales, con posibles implicancias para otros exlegisladores, como Portillo, que también reclaman ser víctimas de expulsiones sin el debido proceso legal.
