El intendente electo de Minga Guazú, César Paredes, pidió el cierre temporal de la atención administrativa de la Municipalidad durante este lunes 2 y martes 3 de noviembre para realizar un corte administrativo, «ordenar la casa» y conocer en qué condiciones recibe la institución.
La solicitud fue aceptada por el intendente saliente Diego Ríos Llano mediante la Resolución I.M. N.º 2413/2026. Durante ambas jornadas no habrá atención administrativa ordinaria al público, aunque los funcionarios deberán acudir normalmente a sus puestos de trabajo.
El pedido de Paredes adquiere especial relevancia por el fuerte desgaste y la mala reputación que arrastra la administración saliente, que durante los últimos años estuvo salpicada por denuncias y cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos municipales.
La gestión de Ríos fue objeto de denuncias por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, además de cuestionamientos sobre licitaciones y adjudicaciones. La Contraloría General de la República también se ratificó en 2025 en varias observaciones sobre la administración municipal correspondiente al ejercicio 2023, señalando falencias y posibles irregularidades administrativas.
En ese escenario, el corte administrativo permitirá al equipo entrante revisar estados financieros, ejecución presupuestaria, disponibilidades bancarias, inventarios, bienes municipales, compromisos pendientes, documentos y obligaciones antes de asumir plenamente el control de la Comuna.
La resolución dispone que participen especialmente funcionarios de las áreas administrativas, financieras, contables, presupuestarias y patrimoniales, además del equipo técnico de transición de Paredes.
Los servicios públicos esenciales deberán continuar funcionando y la atención normal al público se reanudará el miércoles 4 de noviembre.
El resultado del corte será clave para establecer con números y documentos qué Municipalidad recibe César Paredes y si existen compromisos, deudas o situaciones administrativas que puedan condicionar el inicio de su gestión.
Así el artículo mantiene el tono fuerte, pero diferencia claramente entre denuncias, observaciones de la Contraloría y hechos judicialmente comprobados.
