El comisario principal Alcides Velázquez Iriarte (48) fue imputado por la agente fiscal Estela Mary Ramírez, por su supuesta implicancia en el secuestro de una pareja de brasileños. El caso es por los supuestos hechos punibles de Secuestro y Asociación criminal en carácter de cómplice.

Cabe recordar que con anterioridad, fueron procesados como autores los suboficiales Julio Darío Díaz Sosa (31), Osmar Antonio Paredes Arrúa (30), Eladio Inocente Giménez Caballero (35) y Gustavo Arnaldo Toledo González (35). Todos ellos se encuentran recluidos en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná con pedido de prisión preventiva.

El supuesto hecho se habría registrado el 18 de enero último, a las 17:00 aproximadamente, en la localidad de Torín, departamento de Caaguazú, en la que resultaron víctimas Julia De Lima Venancio y Matheus Mangiocca, quienes circulaban en un vehículo, de la marca Jeep Renegade, con matrícula ENU 9688 del Brasil, cuando fueron retenidas en el retén ubicado en la Ruta N° 2.

Los agentes pidieron documentos personales y del vehículo a los visitantes. Éstos exhibieron las documentaciones y mostraron una foto de la autorización para conducir, que tenían guardado en el celular. El documento fue objetado por los intervinientes, quienes decidieron aprehender y trasladar a la pareja hasta la comisaría 21ª, a cargo del jefe policial Velázquez Iriarte.

Allí, los suboficiales les exigieron supuestamente la suma de 50 mil reales para no implicarlos en un supuesto tráfico de droga a Matheus y en prostitución a Julia De Lima. Para sustentar aquello, los uniformados fotografiaron al hombre con una bolsa de plástico en la mano y a la mujer le levantaron el short y también le tomaron imágenes, según refiere la imputación.

Las víctimas explicaron a los policías que no contaban con el dinero exigido, pero que podían conseguir 25 mil reales si le permitían a la mujer viajar hasta Foz de Yguazú para buscar la plata. Las dos personas fueron mantenidas privadas de su libertad hasta las 06:00 del día siguiente, siendo luego trasladadas a Ciudad del Este.

En la capital del Alto Paraná, los agentes obligaron a los afectados a impregnar sus huellas dactilares en un acta policial sin contenido, de fecha 19 de enero, que llevaba la firma del comisario Alcides Velázquez, hecho que demostraría que el mismo estaba al tanto de la supuesta actuación al margen de la ley de sus subalternos.

Seguidamente, Julia abordó un taxi y se dirigió hasta vecina ciudad brasileña para realizar la extracción de los 25 mil reales de una entidad bancaria, mientras Matheus seguía en poder de los sospechosos.

Una vez en el banco, la joven no pudo extraer el monto en cuestión, ya que posee una tarjeta de estudiante que le permite disponer solamente 5 mil reales en un día.

A raíz de esta situación, la misma entró en una crisis de llantos, alertando a los funcionarios del banco, que comunicaron el hecho a la Policía.

Los agentes brasileños acudieron a la entidad bancaria y dialogaron con Julia, quien confesó que su esposo estaba secuestrado en poder de los policías paraguayos. Las fuerzas públicas del Brasil comunicaron el hecho al Comando Tripartito de Ciudad del Este.

Los efectivos presuntamente implicados en el hecho se enteraron de que el caso se había filtrado, por lo que decidieron liberar a Matheus y regresaron a la zona de Caaguazú. No obstante, tras la denuncia formal, ese mismo 19 de enero, en horas de la noche, la fiscal Estela Ramírez allanó la comisaría de Torín y detuvo a los cuatro suboficiales. También ordenó la detención preventiva del titular de la comisaría, donde se registraron presumiblemente los hechos y ahora dispuso su imputación.

Una mujer habría abandonado durante varios días a su perro atado con una cadena, sin agua ni alimentos, situación que provocó la muerte del animal. Ante esta situación, el fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Penal Nº 1 de Santa Rita, presentó imputación en contra la dueña.  

Esta fue identificada como Liz Carine Olmedo de Barboza (30), quien soporta cargo por supuesta transgresión de la Ley 5892/17 de Protección y Bienestar Animal.

Las informaciones indican que este 19 de enero último, la indiciada se había ausentado de su vivienda del barrio San Paulí del municipio santarriteño, dejando presumiblemente abandonado al perro, que quedó expuesto en la intemperie, de cuya consecuencia dejó de existir. El animal es la raza cruce mestizo Shar Pei, de pelaje crema, según la imputación fiscal.

La Fiscalía tomó intervención en el caso luego de recibir una llamada anónima y recogió evidencias relacionadas al hecho, como ser fotografías y filmaciones.

No obstante, la procesada deberá cumplir ciertas reglas de conductas para ser beneficiada con la medida menos gravosa, como ser caución real suficiente y caución juratoria de la imputada, además de la caución personal del abogado defensor.

Previamente, también se deberá solicitar informe en la Sección Estadísticas del Poder Judicial sobre los antecedentes penales de la encausada, con lo que se podrá evitar el peligro de fuga y obstrucción a los actos investigativos, señala el escrito presentado en el Juzgado.

Tras la culminación del juicio oral en el Poder Judicial de Ciudad del Este, el Ministerio Público logró la condena de un hombre a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, tras ser encontrado culpable por un hecho de Incumplimiento del Deber Legal Alimentario.

El fiscal Sergio Irán Villalba demostró la responsabilidad del acusado, identificado con las iniciales M.A.R., mediante la producción de pruebas documentales y testimoniales. Luego, el Tribunal conformado por los jueces Serafín González, Vitalia Duarte y Fabio Aguilar aplicó la sanción penal.

El sindicado inicialmente fue sentenciado por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia al pago mensual de G. 415.000 a favor de su hijo menor, según la sentencia definitiva dictada el 27 de junio de 2012. Dicho monto debía ser depositado en una cuenta judicial del Banco Nacional de Fomento (BNF) a nombre de la madre del niño.

No obstante, el hombre no cumplió con la disposición judicial, acumulando una deuda de G. 35.000.000, según el informe remitido por la entidad bancaria al Ministerio Público.