Ciudad del Este. Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron una denuncia penal contra la Municipalidad de Ciudad del Este por presuntas irregularidades en la administración de combustibles. El escrito fue entregado al Ministerio Público y plantea la supuesta comisión de hechos punibles como lesión de confianza y producción y uso de documentos públicos falsos, solicitando la apertura de una investigación.
Según el documento, bajo la gestión municipal se habría conformado lo que los denunciantes llaman una “mafia de combustibles”, que operaba mediante el uso de tarjetas administradoras asociadas al convenio con Petropar. Estas tarjetas habrían permitido la emisión de tickets fraguados, cargas en vehículos ajenos a la flota municipal, volúmenes incompatibles con la capacidad de los tanques y operaciones en días y horarios inhábiles, todo con el fin de desviar recursos financieros.
El escrito cita como respaldo el Informe de Intervención municipal realizado entre el 23 de junio y el 23 de agosto de 2025, donde se constató que tickets utilizados en las rendiciones llevaban sellos y firmas desconocidas por dependencias policiales y que algunos vehículos abastecidos no pertenecían a la flota de la Policía Nacional.
De acuerdo a la denuncia, entre 2019 y agosto de 2025 la Municipalidad ejecutó G. 26.944.839.602 en el rubro combustibles. Solo en mayo de 2025, la Policía Nacional de Alto Paraná desconoció tickets por G. 10.422.504, incluidos en la rendición presentada.
El convenio vigente con Petropar para el 2025, identificado como N.º 238/2024, establecía un tope de G. 4.500 millones y designaba como responsables a Dyrce Ledesma Espínola, directora de Servicios Municipales, y Noelia Arce, directora de Planta Asfáltica.
Casos ejemplificados en la denuncia
Los denunciantes aportan casos concretos que, a su criterio, muestran la existencia de un esquema irregular:
- Tickets a nombre de comisarías con sellos y firmas que fueron oficialmente desconocidos por las dependencias policiales.
- Cargas de combustible que superan la capacidad de los tanques, como 316 litros para un Range Rover (cuando su capacidad máxima ronda 105 litros) o 250 litros para un Kia (cuando estos tanques suelen oscilar entre 54 y 62 litros).
- Abastecimientos fuera de horario laboral, en fines de semana y feriados, incluyendo operaciones en ciudades como San Bernardino, Asunción y Ayolas, que no guardan relación con la operatividad municipal.
- Tickets firmados por la propia directora de Servicios Municipales, Dyrce Ledesma, sin identificar la chapa del vehículo, o incluso registrando cargas en su camioneta particular, una Kia Sorento chapa BYG 454.
- Cargas a camiones de la empresa concesionaria de recolección de residuos, cuando el contrato estipula que la firma debe solventar sus costos operativos con los montos que percibe de los usuarios.
El grupo ciudadano solicitó que el Ministerio Público disponga una auditoría integral del rubro combustibles, además de pericias grafotécnicas sobre las firmas y sellos cuestionados, verificación de CCTV de estaciones de servicio, control de odómetros y GPS de los vehículos municipales, y la conciliación contable entre las facturas de Petropar y las rendiciones presentadas por la comuna.
Los denunciantes remarcan que el objetivo de estas diligencias es establecer si las cargas fueron efectivas o si en realidad se utilizaban los tickets como mecanismo para el retiro de dinero en efectivo.
Contexto político
La denuncia sostiene que las irregularidades ocurrieron bajo la administración del destituido intendente Miguel Prieto Vallejos, y que durante su gestión se habría consolidado un sistema estructurado para desviar fondos municipales, con la participación de directores, funcionarios y concejales.
El escrito concluye solicitando al Ministerio Público que, en caso de comprobarse los hechos, se requiera el castigo de los responsables conforme al Código Penal.
