El fiscal antisecuestro Alberto Torres ordenó la detención preventiva de 6 policías del Departamento de Homicidios de Alto Paraná que habrían extorsionado a una mujer, a quien detuvieron por varias horas y le exigieron supuestamente la suma de 100 mil dólares por su liberación. Los mismos habrían manifestado a la víctima que tenía una orden de captura internacional y que si no pagaba el monto requerido la extraditarían inmediatamente.
Los agentes que estarían involucrados en los hechos calificados como privación de libertad y extorsión son los oficiales Karina Caballero y Diego Ayala, además de los suboficiales Ever Aquino, Rafael Silvero, Hugo Báez y Alfredo Báez, quienes deberán cumplir la medida cautelar decretada en la Dirección de Policía, en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público y el Juzgado de Garantías, según el oficio número 46, de fecha 22 de noviembre de 2022.
Los datos refieren, que los hechos ocurrieron presumiblemente el 3 de noviembre pasado, oportunidad en que los seis policías detuvieron supuestamente de manera irregular y sin ningún motivo a la ciudadana Reinalda Santa Cruz Brítez, domiciliada en la ciudad de Presidente Franco.
En aquel entonces, la afectada circulaba a bordo de su automóvil Toyota, de color rojo, sobre la avenida Bernardino Caballero y al alcanzar las inmediaciones del supermercado Gran Vía, del barrio Remansito de Ciudad del Este, fue interceptada por los efectivos del orden, quienes estaban en una camioneta, de color gris.
Seguidamente descendieron cuatro de ellos, tres hombres y una mujer, todos de civil, quienes exhibieron placas policiales y advirtieron a la mujer que el vehículo en el cual circulaba estaba denunciado como robado. La víctima les respondió que eso no podría ser, ya que el rodado habían comprado de una playa de la zona y que estaba a nombre de su pareja.
Sin embargo, la misma fue obligada a descender y luego trasladada hasta la base policial. Los intervinientes advirtieron a Reinalda Santa Cruz que tenía una supuesta orden de captura internacional y les exigieron el pago de 100 mil dólares para «solucionar» el problema y evitar que sea extraditada en ese mismo momento.
Posteriormente, llegaron al lugar su pareja (un ciudadano español) y un abogado para asistirle. Tras las negociaciones, los agentes bajaron sus pretensiones a 10 mil dólares. El dinero debía ser transferido por el extranjero a una cuenta del banco familiar, mediante transferencia bancaria.
Pero la operación no pudo realizarse porque el banco español bloqueó la cuenta, considerando que sobrepasaba el monto permitido para transferencia, en esta caso de hasta 3 mil dólares. A raíz de esta situación no pudo realizarse el pago exigido presuntamente por los policías.
Después, la pareja cambió de abogado y el nuevo profesional recomendó formular la denuncia contra los agentes supuestamente implicados en los hechos punibles. La mujer ratificó su denuncia en sede del Ministerio Público. La misma comentó que tiene una causa abierta en España, pero no cuenta con orden de captura internacional como le mencionaron los policías.
La citada igualmente manifestó que cuenta con la ubicación del lugar donde fue mantenida privada de libertad, además proporcionó audios relacionados al caso y el número de cuenta que le facilitaron los policías para la transferencia de dinero.
