Cuando el 9 de marzo de 2018 la doctora Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga tomó posesión del cargo de Fiscal General del Estado, comenzó una fase histórica en dicha institución, considerada por propios y extraños como una de las mejores desde su creación. Durante su gestión, la primera mujer en ese importante cargo, se dedicó de forma objetiva e institucional a hacer su trabajo y consiguió desarticular grandes organizaciones del crimen organizado como nunca antes había ocurrido en el país.
Esos logros en la lucha contra la delincuencia, puso a Sandra Quiñónez en la mira de los líderes de facciones criminales que veían emerger a un enemigo formidable en el Ministerio Público y comenzó una campaña, que incluyó denuncias, difamaciones, amenazas y hasta un juicio político, con el único objetivo de apartarla del cargo, pero todos sin éxito.
Ante esos constantes ataques, diversos gremios de abogados, fiscales y hasta gobiernos extranjeros salieron a expresarle a Sandra Quiñónez su apoyo para continuar combatiendo a los grupos criminales.
Cabe destacar que, en ese sentido, el invalorable apoyo de la Embajada de EE.UU. que en todo momento demostró su confianza hacia la labor de la Fiscal General, trasuntado en invitaciones para reunirse con altas autoridades judiciales y policiales de ese país y entrega de certificados que reconocían su trabajo.
A lo largo de este año, Sandra Quiñónez fue distinguida en múltiples ocasiones por distintos organismos y entidades. En julio de este año, la Asociación de Fiscales de Iberoamérica destacó su gestión al frente del Ministerio Público y fue nombrada como presidente sustituta del gremio.
En el mismo mes, representantes del Buró Federal de Investigaciones y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (FBI y DEA, por sus siglas en inglés), entregaron un distintivo de reconocimiento a la fiscal general, esto en el marco de una visita que realizaron los agentes a nuestro país, con el propósito de coordinar la cooperación y colaboración mutua en materia operativa y jurídica, a fin de impulsar casos contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
«La persecución de hechos punibles como la corrupción pública, el narcotráfico, el crimen organizado, genera que fuerzas extrañas a la institucionalidad, intenten debilitar y derrotar a una entidad como la nuestra, objetivo que no lo van lograr», manifestaba Sandra Quiñónez durante un informe de su gestión en el año 2021.
Durante ese periodo, la Fiscalía realizó más de 800 procedimientos, imputó a 841 personas y logró un perjuicio de casi 600 millones de dólares a organizaciones criminales en un solo año. El último intento por apartarla de su cargo, fue mediante un fallido juicio político que, a pesar de varias intentonas de varios líderes políticos, terminó sin que pudiera reunirse los votos necesarios para defenestrarla.
DETRACTORES RECHAZADOS POR ELECTORES
En las últimas elecciones internas de la ANR, muchos de aquellos que denostaban contra Sandra Quiñónez y promocionaban acciones tendientes a apartarlas del cargo, fueron derrotados sin contemplaciones, dejando en evidencia que eran ellos los que no gozaban de la simpatía de la gente quienes con su voto les manifestaron su rotundo rechazo.
