El vehículo, una SUV de alta gama con chapa brasileña y denuncia por hurto, fue localizado en un camino vecinal rodeado de cultivos de soja. Los investigadores presumen que fue uno de los móviles utilizados por la banda criminal para el atraco a Sudameris.

La Policía Nacional localizó este jueves, alrededor de las 15:00, un vehículo totalmente incinerado en una zona rural de Naranjal, Alto Paraná. El hallazgo se produjo en un camino vecinal, al costado de una plantación de soja, en el marco de los operativos de rastrillaje tras el asalto tipo comando a la sucursal del Banco Sudameris.

Se trata de una camioneta de la marca BYD, modelo Song Plus, de color blanco. Tras la verificación de los datos del chasis y la matrícula SRD7C01, los agentes confirmaron que el rodado posee una denuncia por hurto en la República Federativa del Brasil.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la oficina externa de Santa Rita, dependiente del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná. Según el reporte oficial, los intervinientes llegaron al sitio mediante el análisis y seguimiento de imágenes de cámaras de circuito cerrado (CCTV), que permitieron identificar las posibles rutas de escape utilizadas por el grupo criminal tras la detonación de la bóveda bancaria.

«Existe una presunción fundada de que el mismo habría sido utilizado en el ataque a la entidad bancaria», menciona el informe policial, destacando que el lugar del hallazgo fue preservado para la intervención de los peritos del Departamento de Criminalística.

Las tareas investigativas continúan en la zona para determinar si existen otros vehículos abandonados en los trayectos que conectan Naranjal con las rutas principales del departamento.

Un asalto en la casa de cambios Alberdi SA dejó al descubierto errores en los protocolos internos de seguridad, según confirmó el director de Policía de Alto Paraná, comisario general Carlos Bartolomé Acosta Amarilla. El hecho ocurrió en el microcentro de Ciudad del Este, a una cuadra de la rotonda Oasis.

El local cerró con normalidad a las 16:00. Sin embargo, entre las 17:15 y 17:30, el gerente fue interceptado por tres o cuatro hombres a unos 300 metros de su vivienda, en la zona del kilómetro 7. Los desconocidos se movilizaban en una camioneta Toyota plateada con chapa argentina.

Los asaltantes lo obligaron a regresar al local. Durante el trayecto utilizaron su teléfono para llamar al guardia de seguridad y avisar que estaban en camino. Al llegar, el portón fue abierto sin cumplir el protocolo que exige autorización directa del gerente general.

Además, no se activaron las alarmas ni los sensores de seguridad.

El guardia, un policía jubilado de 72 años, admitió que olvidó activar el sistema de alarma. Según el comisario Acosta Amarilla, ese descuido fue determinante para el ingreso de los delincuentes.

Ya dentro del local, los asaltantes redujeron a las víctimas e ingresaron a la oficina del gerente. El dinero sustraído no estaba en la bóveda, sino sobre la mesa. La bóveda no fue forzada ni manipulada.

Consultado sobre el monto, el jefe policial señaló que los directivos no pudieron precisar la cifra. Se trataría de dinero recibido a última hora antes del cierre.

Otro dato que llamó la atención es que los delincuentes contaban con el número telefónico del guardia anotado en un papel. Uno de los sospechosos tenía acento argentino, mientras que los demás hablaban en portugués.

Horas después, fue hallado un vehículo incinerado en el kilómetro 14, en dirección al lago Acaray. No se descarta que esté vinculado al hecho.

La investigación continúa y hasta el momento no hay detenidos.

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, confirmó la elevación a juicio oral y público de la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otras personas procesadas por presunta lesión de confianza y asociación criminal.

La resolución fue notificada este martes al equipo de agentes fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle, quienes impulsan la investigación en el marco del proceso penal.

De acuerdo con la decisión del órgano colegiado, se ratifica la determinación adoptada en instancias anteriores, por lo que los acusados deberán enfrentar juicio oral y público, etapa en la que se debatirán las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las defensas.

La causa se tramita ante la jurisdicción especializada en delitos económicos, debido a la naturaleza de los hechos investigados. Con esta confirmación, el expediente avanza hacia la fase final del proceso penal, donde un tribunal de sentencia deberá determinar la existencia o no de responsabilidad penal.