Los comerciantes de Ciudad del Este se reunieron este lunes en la Gobernación de Alto Paraná para analizar las recientes modificaciones al Régimen de Turismo, implementadas por el presidente Santiago Peña. Los empresarios advirtieron que las nuevas disposiciones podrían afectar gravemente la economía de las ciudades dependientes del turismo de compras, alertando sobre el riesgo de que estas se conviertan en «ciudades fantasmas» si no se ajustan las normativas.

Entre las principales preocupaciones se encuentran las disposiciones del artículo 4 del decreto, que exige a los importadores cumplir con requisitos específicos para operar bajo el Régimen de Turismo de Compras (RTC). Estos incluyen la necesidad de demostrar una antigüedad mínima de dos años en el circuito comercial mediante la presentación de estados financieros de los dos años previos a la inscripción. Según los comerciantes, esta condición es difícil de cumplir para nuevas empresas, tanto nacionales como extranjeras, lo que podría desalentar la inversión en la región.

Otro punto crítico es el requisito de contar con un capital integrado de al menos G. 6.000.000.000, cifra que consideran inalcanzable para muchas pequeñas y medianas empresas, que representan el 80 % del sector comercial en el país. Si esta exigencia se mantiene, se teme el cierre de numerosos negocios, lo que impactaría negativamente en la economía local, desde la recaudación de impuestos hasta la generación de empleo.

El decreto también estipula que los importadores deben ser titulares de al menos una cuenta bancaria en el sistema financiero local, con un saldo mínimo de U$D 200.000 en los tres meses anteriores a la inscripción. Los comerciantes sostienen que esta medida no refleja la realidad del comercio fronterizo, donde predominan las transacciones a crédito y no todas las empresas logran mantener dicho saldo. Advierten que esto podría favorecer la creación de un oligopolio de importadores, limitando la competencia y encareciendo los productos para los consumidores.

En respuesta a estas medidas, los comerciantes propusieron alternativas para flexibilizar el régimen. Sugieren que el capital requerido se reduzca a G. 750.000.000, con un incremento gradual de G. 250.000.000 anuales hasta alcanzar el monto exigido. Además, proponen que el saldo mínimo en las cuentas bancarias se reduzca a U$D 25.000, lo que aliviaría la carga financiera sobre las empresas.

Pese a la gravedad de la situación, los comerciantes lamentaron la falta de respuesta del gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, así como de los diputados y senadores de la región. Según los empresarios, hasta el momento no se ha observado una acción concreta por parte de las autoridades para abordar esta crisis que podría afectar gravemente al comercio en Ciudad del Este y otras ciudades fronterizas.

Finalmente, los comerciantes entregaron una nota al presidente Santiago Peña, detallando los puntos del reglamento que consideran problemáticos y proponiendo las modificaciones necesarias para evitar un colapso en el sector del turismo de compras.