El juez penal de Garantías Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa conocida como caso Tajy, que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, además de exfuncionarios municipales y particulares vinculados a una contratación realizada durante la pandemia de COVID-19.
La investigación se centra en un supuesto perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 306 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, mediante la presunta compra irregular de harina, aceite y otros insumos destinados a la elaboración de panes para familias vulnerables durante la emergencia sanitaria.
Con la resolución judicial, Prieto y otros seis acusados deberán enfrentar un Tribunal de Sentencia por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La decisión no implica una condena, sino que habilita el inicio de la etapa de juicio, en la que la Fiscalía y las defensas deberán presentar y debatir sus pruebas. El tribunal tendrá que determinar si efectivamente existió un daño patrimonial y cuál fue la participación de cada uno de los procesados.
Además de Miguel Prieto, la causa incluye a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, exdirector de Administración y Finanzas; Emili Vanessa Florentín Páez y Robert Osmar Florentín Silvero, vinculados a la firma Vanemi SA; Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social; Alex Yamal Samhat González, quien se desempeñaba como jefe de la planta procesadora de alimentos; e Higinio Ramón Acuña, exjefe de Adquisición y Suministros.
Durante la audiencia preliminar, el juez rechazó varios planteamientos formulados por las defensas, entre ellos pedidos de sobreseimiento, la exclusión de algunas calificaciones penales y la remisión del expediente a Ciudad del Este.
El Ministerio Público sostiene que la contratación habría sido direccionada y que las firmas relacionadas con la provisión no contaban con la capacidad operativa ni con las materias primas necesarias para cumplir con el contrato.
La acusación también cuestiona que se haya concretado el pago pese a que, según la hipótesis fiscal, no existirían elementos suficientes para demostrar la entrega total de los insumos adquiridos.
La defensa de Prieto rechaza esa versión y sostiene que la compra fue real, los productos fueron entregados y posteriormente utilizados para elaborar panes distribuidos durante la pandemia.
Antes de ingresar a la audiencia preliminar, Miguel Prieto afirmó que el proceso judicial forma parte de una estrategia destinada a desgastarlo económica, anímica y moralmente.
“Es una estrategia de cansarnos, económica, anímica y moralmente, para que de alguna manera logren quebrarnos y terminemos aceptando cualquier tipo de cosas. Nosotros vamos a seguir peleando”, manifestó.
El dirigente opositor cuestionó la actuación del Ministerio Público y aseguró que su defensa expuso falencias en la investigación.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a que la Fiscalía no habría allanado ni inspeccionado la planta procesadora de alimentos, donde supuestamente fueron recibidas y utilizadas las materias primas.
“Mi abogado demostró la ineptitud de la Fiscalía al no allanar la planta de producción de alimentos y al demostrar que la empresa que terminó vendiendo los insumos a la Municipalidad efectivamente tenía esas materias primas en stock”, expresó Prieto.
Según el exintendente, la investigación se habría limitado a documentos administrativos sin comprobar físicamente la existencia de las mercaderías ni el funcionamiento de la planta.
“La Fiscalía nunca se fue a revisar la planta procesadora de alimentos. Solamente se basa en pequeños documentos y busca errores administrativos”, cuestionó.
Prieto negó que la compra haya sido ficticia y afirmó que estuvo presente durante la entrega de la harina, el aceite y otros productos.
“Yo recuerdo muy bien que se entregaron las harinas y todas las materias primas. También estuve entregando los panes durante la pandemia”, señaló.
El exjefe comunal sostiene que la empresa que finalmente proveyó los insumos sí disponía de las mercaderías y que estas fueron utilizadas para cumplir con el programa de asistencia alimentaria.
La Fiscalía, en cambio, mantiene que existieron irregularidades en el procedimiento de contratación y que las operaciones investigadas habrían causado un perjuicio a las arcas municipales.
Estas posiciones deberán ser confrontadas durante el juicio oral, mediante documentos, declaraciones testimoniales, pericias y otros elementos incorporados al expediente.
Prieto también cuestionó que la causa se tramite en Asunción, pese a que los hechos investigados ocurrieron en Ciudad del Este.
“Creí que era una denuncia irrisoria, pero al fin y al cabo estoy acá, en Asunción, siendo juzgado por un hecho que no cometí”, declaró.
Finalmente, vinculó el avance del expediente con su crecimiento político y su intención de competir por la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028.
“Con esto están queriendo frenar mi candidatura a la Presidencia”, afirmó.
La elevación del caso Tajy a juicio oral abre una nueva etapa judicial. La Fiscalía deberá demostrar sus acusaciones, mientras que las defensas buscarán sostener que los productos fueron entregados y que las observaciones detectadas no constituyen hechos punibles.
Hasta que exista una sentencia definitiva, Miguel Prieto y los demás acusados conservan el estado constitucional de inocencia.
