El concejal municipal de Ciudad del Este, Celso «Kelembú» Miranda denunció ante la Contraloría General de la República a la administración municipal de Ciudad del Este y pidió la intervención de la misma. Desde la comuna afirman que se trata de una «acción desesperada ante la inminencia de ir a la cárcel» y se expone a otra denuncia que también puede alcanzar a los otros concejales de la bancada opositora.
Cristian Cabral, asesor jurídico de la institución municipal dijo que Miranda está emprendiendo acciones «radicalizadas» ante una inminente imputación. El abogado recordó que el edil fue querellado por falsas denuncias realizadas contra la intendente de Ciudad del Este.
Cabral mencionó que esta postura de Miranda, de desacatar una orden de no innovar, puede afectar a los otros siete concejales opositores en caso de que el pedido de intervención no reúna los requisitos exigidos por ley.
«Es importante que la gente entienda que existe una medida cautelar ordenada por el Tribunal Electoral que ha dispuesto una orden de no innovar con relación a un pedido de intervención, evidentemente si los concejales no cumplen con esta disposición judicial son objetos de desacato a una orden judicial, eso implica ser investigados una vez más por el Ministerio Público, y esto tiene una sanción ante el incumplimiento de la orden judicial», manifestó el asesor jurídico.
Agregó que «La medida cautelar se encuentra firme y ejecutoriada, existe también un informe de la secretaria del Tribunal Electoral en que la contraparte, en este caso los concejales, se han presentado fuera de tiempo, por ende mal pueden pretender levantar esa medida judicial con relación a la apelación que habían planteado».
Cabral además recordó que los concejales ya han desacatado una orden judicial con respecto al secretario general. «La ley es clara, es un hecho punible por eso el Ministerio Público es el que investiga y evidentemente tiene su sanción penal con pena privativa de libertad, cabe recordar que existe ya una investigación en contra de los concejales por desacato a la orden judicial en el caso de secretario general, Blas Darío Domínguez, o sea, no estamos hablando de hechos nuevos», indicó.
«El año pasado cuando la cámara de diputados decidía rechazar el pedido de intervención por improcedente en ese mismo los concejales ya estaban hablando de realizar otro pedido de intervención, lo claro y concreto es que desde el 10 de agosto del 2016 la medida cautelar de no innovar que había decretado el tribunal electoral se encuentra firme, por lo que mal pueden pretender una nueva solicitud de intervención».