Todas las resoluciones emanadas de las sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este de fechas 25 y 31 de julio y 4 de agosto, quedaron anuladas luego de que el Juez Penal de Garantías de Hernandarias, Silvio Rojas, diera lugar a la acción de amparo constitucional presentada por la comuna, que alega que los concejales no respetaron una medida judicial que prohíbe innovar en el nombramiento del secretario general del órgano legislativo comunal.
Según la asesoría jurídica del municipio, los ediles obviaron obedecer el cumplimiento del A.I. 09 de fecha 23 de diciembre de 2.015, que ordenaba no innovar en el nombramiento del secretario general, Blas Darío Domínguez, ni del Secretario General Adjunto, Claudio Durañona.
La institución comunal alega que el ante el nombramiento de Domínguez como Cónsul, conforme resolución municipal, Durañona debía asumir la secretaría general, siendo nominado otro en su lugar solamente en casos de ausencia; cosa que no ocurrió hasta el momento, pues estando incluso el mismo presente en la sala de sesiones, fue ignorado por los concejales de la oposición.
La abogada Graciela Flores, asesora jurídica de la institución, indicó que «nosotros simplemente hicimos esta acción salvaguardando el respeto a las leyes y a los reglamentos, la intendencia no se apartará de este respeto, existe un árbitro para estas controversias, es la justicia, si los concejales municipales realizan maniobras ilegales, tendremos que responder con acciones judiciales, y comunicar de todo lo ocurrido a los organismos de control correspondientes».
COMPRA DE PUPITRES Y OBRAS
Dicen la comuna que con esta decisión del Juez Silvio Rojas, quedan con sanción ficta aprobadas las licitaciones y adjudicaciones para la compra de mobiliarios y la renovación de la parte lumínica de la ciudad, temas que habían sido rechazados por la Junta Municipal en primera instancia, decisión vetada por la intendencia sin que existan ya plazos para una nueva sesión que pueda levantar dicho veto.
Estas adjudicaciones serán comunicadas a la Contraloría General de la República, al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Diputados, al Ministerio del Interior, a Contrataciones Públicas y al Ministerio de Hacienda, de modo a dejar constancia de todo lo actuado conforme a la ley, informó la comuna.