El equipo jurídico que representa a Marco Emanuel González, procesado por un supuesto caso de robo agravado, denunció un voto arbitrario y contradictorio del Tribunal de Apelaciones, encabezado por el juez Carlos Cabriza, que decidió mantener la prisión preventiva del acusado a pesar de que el propio Ministerio Público ya no consideraba necesaria la medida.
Según la defensa, el Tribunal incurrió en una falsedad procesal al afirmar que aún faltan diligencias en la investigación, cuando los antecedentes del expediente muestran que la Fiscalía prácticamente había concluido las actuaciones sin dejar constancia de tareas pendientes. Este argumento es señalado como un intento de sostener artificialmente la prisión preventiva mediante una justificación inexistente.
La actuación del Tribunal es considerada una extralimitación de funciones, ya que el órgano judicial no posee facultades para determinar ni cuestionar las diligencias fiscales. Para la defensa, esta intervención representa una intromisión indebida en las competencias del Ministerio Público y contradice el principio de independencia investigativa previsto por la ley.
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El mantenimiento de la medida cautelar es interpretado como una decisión arbitraria e injustificada, que desconoce la postura del Ministerio Público y utiliza un razonamiento sin sustento legal. De acuerdo con los abogados, el caso refleja un uso indebido de la prisión preventiva, transformándola en una herramienta de castigo anticipado y vulnerando garantías constitucionales como la presunción de inocencia.
Ante esta situación, el equipo jurídico anunció la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de revertir lo que consideran un precedente grave que pone en duda la transparencia y la legalidad de las decisiones del Tribunal de Apelaciones.
El proceso contra Marco González se originó tras el asalto tipo comando ocurrido el 27 de abril de 2025 en una granja minera de Altos (Cordillera), donde doce hombres armados robaron unas 360 máquinas de criptominería valuadas en más de USD 700.000. Parte de los equipos fue hallada en Ciudad del Este, lo que derivó en allanamientos dirigidos por el fiscal Elizaur, posteriormente cuestionado por su falta de objetividad y transparencia.