El Ministerio de Salud lanzó una campaña para concienciar sobre los peligros de la pirotecnia, especialmente en niños, durante las fiestas de fin de año. Con el lema “Estas fiestas celebremos con tradición, paz y amor, sin bombas ni dolor”, la iniciativa busca reducir los accidentes que cada año dejan víctimas con lesiones graves y secuelas permanentes.

Un caso grave de traumatismo de mano por fuegos artificiales puede costar entre 400 y 500 millones de guaraníes, según explicó el Dr. Jesús Marín, jefe de Mano y Microcirugía del Hospital de Trauma. Además, las lesiones suelen requerir de varias cirugías y hasta seis meses de recuperación, dejando cicatrices que afectan de por vida a los pacientes.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó que el objetivo es evitar casos de niños y adultos afectados por la manipulación de pirotecnia. “Esperamos que este año podamos decir cero casos. Más del 90 % de las víctimas de estos accidentes son niños y niñas”, advirtió.

Por su parte, el director del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER), Dr. Saúl Zaputovich, resaltó que muchos de los accidentes ocurren porque los niños no comprenden el peligro de los fuegos artificiales. “Hemos visto casos donde un simple fosforito terminó con el paciente en terapia intensiva”, comentó.

Las autoridades recordaron que prevenir es la clave para evitar tragedias en estas fiestas. Optar por celebraciones sin pirotecnia no solo protege la salud de las personas, sino que también ayuda a mantener un ambiente más seguro y tranquilo para todos.

Organizaciones de personas con discapacidad del Alto Paraná aprovecharon el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, para hacer un fuerte llamado al Estado. El mensaje es claro: las leyes están, pero no se cumplen.

En un comunicado, recordaron que Paraguay firmó en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que desde entonces se han aprobado varias leyes para garantizar sus derechos. Algunas de estas normas buscan asegurar educación inclusiva, accesibilidad en el transporte, inclusión laboral, entre otros aspectos.

Sin embargo, según las organizaciones, muchas de estas leyes son “letras muertas”. Es decir, están en el papel, pero no se aplican en la vida real.

Las organizaciones también pidieron que se reduzcan las trabas burocráticas que complican su trabajo. Destacan que, ante la ausencia del Estado, son ellas las que llevan adelante proyectos y programas en beneficio de las personas con discapacidad.

Además, insisten en que es hora de dejar atrás el enfoque asistencialista y empezar a ver a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. “Queremos un cambio cultural”, señalaron.

Otro punto importante es que piden trabajar en conjunto con el Estado, pero sin injerencias políticas. La idea es buscar soluciones reales que ayuden a la inclusión económica, social y comunitaria de las personas con discapacidad.

El mensaje final es contundente: “Somos menos cuando no incluimos a todos”. Una invitación a la reflexión y, sobre todo, a la acción.

Gilberto Báez, un anciano con cáncer de huesos, se encuentra desde las 13:00 horas de este lunes esperando atención médica en el hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este. A las 18:30 horas, seguía sin recibir asistencia, mientras los médicos se justifican alegando estar en cirugía.

La desidia institucional es evidente. A pesar de su delicada condición, Báez permanece sentado junto a su esposa, sin haber almorzado, sometido a la espera interminable que parece ser la norma en el IPS. Este no es un caso aislado, sino un reflejo de un sistema colapsado, incapaz de brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan.

El argumento de “ocupación en cirugías” evidencia una evidente falta de gestión y planificación ¿Cómo es posible que un paciente oncológico deba esperar horas sin siquiera recibir una evaluación inicial?

La situación de Gilberto Báez es un llamado urgente a las autoridades, que parecen más enfocadas en justificar fallas que en ofrecer soluciones. La espera interminable no solo vulnera derechos básicos, sino que expone a los pacientes a riesgos innecesarios, en un sistema que, lejos de protegerlos, los abandona.