En el corazón de Ciudad del Este, se desarrolla una problemática que se vuelve cada vez más compleja en la avenida Monseñor Rodríguez. Decenas de personas sin hogar, la mayoría adictas a estupefacientes, han tomado control del paseo central y áreas circundantes, generando inquietud en la comunidad.
La situación obliga a estas personas a vivir en condiciones de hacinamiento y extrema precariedad, llevándolas a pedir limosna en las calles cercanas. Lo más preocupante es que algunos recurren a la agresión cuando no reciben respuesta, lo que ha resultado en un aumento de robos y hurtos en la zona. Sorprendentemente, las autoridades mantienen un silencio perturbador, a pesar de existir una ley que requiere brindar asistencia a quienes la necesitan.
Anteriormente, este grupo se refugiaba en el edificio abandonado de la COPACO, pero fueron desalojados y ahora han establecido campamentos bajo precarias carpas en el paseo central que separa la avenida Monseñor Rodríguez de la ruta PY02. Allí, en medio de basura, heces y orina, han convertido un espacio verde en un lugar sucio y maloliente, afectando negativamente la calidad de vida de la comunidad.
La problemática se agrava debido a que algunos de estos indigentes recurren a la agresión cuando sus solicitudes no son atendidas, contribuyendo a un aumento de delitos menores en el vecindario. Además, los camioneros que esperan durante la noche para cruzar el Puente de la Amistad se han convertido en víctimas de estos individuos, lo que pone en peligro la seguridad en una zona crítica para el comercio internacional.
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La situación ha llamado la atención de los medios informativos en la vecina Foz de Yguazú, quienes han alertado a sus ciudadanos sobre la presencia de adictos en la zona. Esto, junto con los constantes incidentes de estafas, robos y asaltos a turistas brasileños, empeora aún más la pésima reputación de la capital departamental en términos de seguridad.
La situación en la avenida Monseñor Rodríguez se ha convertido en una crisis de seguridad que no puede ser pasada por alto. Las autoridades deben tomar medidas para abordar tanto las causas subyacentes de la mendicidad y las adicciones como las condiciones de vida de estas personas necesitadas. La comunidad y las autoridades deben colaborar para encontrar soluciones que brinden apoyo a estas personas y, al mismo tiempo, restauren la seguridad y la calidad de vida en la zona. Es hora de que la ley que exige la asistencia a estas personas se convierta en una realidad efectiva y que se rompa el silencio que rodea este problema cada vez más grave.



