La fiscal Juliana Giménez Portillo, de la Unidad Penal de Turno y a la vez de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, presentó imputación contra Laurentiu Bota (27), de nacionalidad rumana, y Amantino Vargas Neto (32), brasileño, por el supuesto hecho punible de falsificación de tarjetas de débito o crédito y otros medios electrónicos de pago. La representante del Ministerio Público igualmente solicitó la prisión preventiva de los imputados, considerando la falta de arraigo. Ambos se encuentran recluidos en la Jefatura de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
La aprehensión de los sospechosos se produjo este 5 de octubre, a las 10:00 aproximadamente, sobre la supercarretera de la Itaipú Binacional, a unos 200 metros del puente José Costa Cavalcanti. Los extranjeros se desplazaban en una camioneta Kia Sportage, de color blanco, chapa CDO 384, cuando fueron detenidos por agentes del Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional.
Del poder de los extranjeros fueron requisados un lector de banda magnética, una computadora portátil, un adaptador para almacenamiento de datos y varias tarjetas de crédito y débito presumiblemente clonadas. Los agentes del orden iniciaron la investigación, tras ser alertados por funcionarios de seguridad del Banco Visión de Asunción, que en fecha 2 de octubre, personas con similares características físicas a las aprehendidas habrían intentado instalar dispositivos, como microcámaras y lector de bandas magnéticas, en un cajero automático de la sucursal de la citada entidad bancaria del centro de Ciudad del Este.
En prosecución de la pesquisa, una comitiva encabezada por la fiscal Juliana Portillo allanó una habitación del hotel Alto Este, en la zona comercial del Paraná Country Club de la ciudad de Hernandarias, donde estaban hospedados los extranjeros. Del sitio igualmente fueron incautadas varias tarjetas presuntamente clonadas. El procedimiento se realizó mediante un mandamiento judicial firmado por la jueza Dólica Giménez de Liuzzi. La fiscal interviniente solicitó seis meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.