La fiscal Analía Rodríguez (foto) imputó a 41 personas por incumplimiento del deber legal alimentario, en el marco de denuncias presentadas entre los años 2013 y 2016 en la Unidad Penal número 9. Entre los procesados figura una mujer, de nombre Celia Fretes, que también se negó a asistir económicamente a sus dos hijos menores, pese a una sentencia definitiva dictada por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, a cargo de Delsy Cardozo. 

La magistrada dispuso que la mujer asista económicamente con la suma de 415.000 guaraníes a las criaturas, que viven con el padre Pedro Antonio Pérez. El dinero debía depositarse en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a favor de los niños, pero la encausada nunca cumplió el mandamiento judicial. 

Los demás imputados son: César Isaías Aldana Barreto, Genaro Reyes Orué, Saúl González Otazo, Eddi Raúl Peña, Wenceslao Insfrán González, Fernando López González, Bruno Moisés Resquín, Juan Ramón Torales Sosa, Alex Rodrigo Vera, Néstor Román Riveros, Rubén Antonio Verón, Edgar Ibarra, Silvio Vázquez Leiva y Nilson Ismael Marecos.

La lista sigue con Mario Cesil Ojeda, Heriberto Bogado Agüero, Óscar Andrés Martínez, Ceferino Chaparro Franco, Saturnino Ramoa, Carlos Alfonzo López Arzamendia, Darío González Britos, Cristhian Andrés Ramírez, Edilson Centurión Malgonado, Eugenio Salvador González, César Ramón Arce, Mateo Damián Brítez, Sergio Andrés González, Carlos María López Medina, Ramón Fernando Larramendia y Luis Fernando Godoy.

Igualmente figuran José Antonio Morínigo, Marcial González Aguinagalde, Carlos Javier Macareño, Taylor Ferreira Alcantara, Óscar Aristídes Centurión, Manuel Ramón Larrea, José Martínez Florentín, Néstor Giménez Román, Sergio Fernando Coronel González y Claudio Duarte. 

Todos los procesados incumplieron sentencia definitiva, mediante la cual se ordenaba el pago de cifras mensuales en cuentas habilitadas en el Banco Nacional de Fomento, a favor de sus hijos menores. En lo va del presente año, ingresaron 360 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario en la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, arrojando un porcentaje diario de 1,5, según las estadísticas.