Un proyecto de ley que busca quitar a las gobernaciones el manejo de Hambre Cero vuelve a poner bajo la lupa la gestión de César “Landy” Torres en Alto Paraná, donde se registraron licitaciones cuestionadas, denuncias por problemas con los alimentos y millonarias deudas con proveedores.
El diputado liberal Arnaldo Valdez presentó una propuesta para que las municipalidades administren los recursos de Hambre Cero, con elaboración local de alimentos y contratación de trabajadores de las comunidades educativas.
El legislador cuestionó la concentración de fondos en las gobernaciones y sostuvo que defender la alimentación escolar no significa dejar de fiscalizar cómo se utiliza el dinero público.
Antecedentes en Alto Paraná
En agosto de 2024, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recibió protestas contra una adjudicación de aproximadamente G. 87.680 millones realizada por la Gobernación. Una de las protestas, relacionada con el Consorcio República, fue posteriormente rechazada por el organismo.
En 2025 también surgieron denuncias por frutas en mal estado y equipamientos deteriorados en instituciones educativas de Presidente Franco. La Contraloría General de la República constató deficiencias en utensilios y equipos de cocina durante verificaciones realizadas en 25 escuelas del departamento.
En octubre de 2026 se conoció otro reclamo en Itakyry, donde un directivo escolar denunció que en un aula con 13 alumnos solamente llegaban alimentos para ocho.
A estos cuestionamientos se suma una deuda de G. 111.882 millones con proveedores, reconocida por el propio gobernador en enero de 2026.
Buscan cambiar la administración
En marzo de 2026, el Senado impulsó una iniciativa para retirar a las gobernaciones de Alto Paraná y Concepción el manejo de Hambre Cero. Landy Torres rechazó la medida y defendió su administración. El proyecto finalmente quedó archivado.
Ahora, la propuesta de Valdez vuelve a abrir el debate sobre quién debe manejar los millonarios recursos destinados a la alimentación escolar.
