Deudas multimillonarias, presuntos planilleros, maquinarias desaparecidas, salarios atrasados y obras inconclusas. El cambio de intendentes está dejando al descubierto un preocupante panorama de desorden administrativo y sospechas de corrupción en varias municipalidades de Alto Paraná.
Los primeros informes de las nuevas autoridades revelan graves problemas financieros y administrativos heredados de las gestiones anteriores. Las denuncias afectan tanto a ciudades importantes como a distritos del interior del departamento.
En Minga Guazú, el intendente César Paredes denunció que Diego Ríos dejó una deuda de G. 25.000 millones y apenas G. 70 millones en caja. También informó sobre facturas anuladas por unos G. 8.000 millones y salarios impagos desde julio.
En Presidente Franco, Arnold Ramírez expuso deudas cercanas a G. 3.000 millones, presuntos planilleros y faltantes de bienes municipales tras la administración de Roque Godoy.
En Hernandarias, José Castillo recibió obligaciones pendientes por G. 13.871 millones de la gestión de Nelson Cano y anunció una auditoría para verificar las cuentas.
En Minga Porã, Richard Sosa encontró un saldo negativo de G. 2.327 millones, mientras que en Itakyry, Gustavo Acosta denunció maquinarias desaparecidas, vehículos deteriorados y una deuda cercana a G. 1.000 millones.
Las irregularidades denunciadas también alcanzan a Santa Rita, donde se cuestionaron presuntos planilleros y millonarios gastos en combustible; Domingo Martínez de Irala, con deudas por G. 1.412 millones; Mbaracayú, donde se investigan pagos por obras inconclusas; y Juan E. O’Leary, con salarios atrasados y denuncias de supuestas obras fantasmas.
¿Dónde estaban los organismos de control?
El panorama deja una pregunta inevitable: ¿cómo pudieron acumularse semejantes problemas sin una intervención oportuna de los organismos de fiscalización y las juntas municipales?
Aunque las denuncias todavía deben ser investigadas y el endeudamiento no constituye por sí solo corrupción, los informes exponen un preocupante deterioro de la administración pública municipal.
Ahora falta saber si los responsables de las presuntas irregularidades enfrentarán consecuencias o si todo quedará, una vez más, en denuncias sin resultados.
