Los funcionarios del Ministerio Público iniciaron este lunes 23 de abril una huelga general con la intención de impedir un recorte de 70.000 millones de guaraníes anuales, que se dará en caso de que el Congreso Nacional apruebe una Ley de exclusión de tasas judiciales a la Fiscalía. La medida se fuerza se prolongará hasta el lunes 30 de abril. 

En la Fiscalía Regional de Ciudad del Este y en las sedes zonales del Alto Paraná hay un alto acatamiento al paro, según informó el asistente fiscal Alberto Acosta, delegado del Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público del Paraguay (SIFETRAMIPAR).

La medida de fuerza tiene la adhesión de todas las organizaciones sindicales de la Fiscalía, de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, y de la propia fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien brindó su apoyo a la huelga. Esto considerando que de aprobarse el proyecto presentado por la Corte Suprema de Justicia -que pretende quedarse con el 100 por ciento de los ingresos por tasas judiciales- dejaría sin recursos al Ministerio Público para el cumplimiento de sus actividades misionales. 

«No permitiremos que manoseen a la institución como moneda de cambio por los intereses particulares del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. A fin de precautelar los derechos laborales de nuestros asociados, se convoca a esta medida de fuerza con la garantía de que el Ministerio Público ofrecerá los servicios básicos indispensables», señala un comunicado emitido por el SIFETRAMIPAR. 

AFECTARÍA A SERVICIOS BÁSICOS

En caso de aprobarse la Ley de exclusión de tasas judiciales, el Ministerio Público quedaría sin varios servicios indispensables para el cumplimiento de sus funciones de representar a la sociedad. Entre estos, figuran pagos de servicios básicos, alquileres, mantenimiento de equipos y móviles. Además, de insumos (tintas, tóner y papeles), materiales para el laboratorio forense, combustibles, equipamiento tecnológicos y mobiliarios. Asimismo, dificultaría el cumplimiento del aporte patronal por seguro médico al Instituto de Previsión Social (IPS).

El recorte igualmente impediría pagar impuestos y tasas especiales de sedes propias de la Fiscalía General del Estado. Además, imposibilitaría el cumplimiento de la deuda pública originada con una entidad bancaria, en el marco del proyecto de construcción de la sede regional de Villarrica, explicó el dirigente gremial Alberto Acosta.