Las fiscales Natalia Silva y Claudia Aguilera presentaron imputación contra 23 estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad María Serrana por la presunta producción de documentos no auténticos. Además, solicitaron medidas alternativas a la prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, los imputados habrían presentado certificaciones académicas que indicaban la validación de materias cursadas en otras universidades, información que no se ajustaría a la realidad.
Lista de imputados:
• Raoni Pires Feitosa Scheidemantel (33)
• Quemoel Borges (54)
• Bento Borges Filho (54)
• Lydia Ines Borges Villela (36)
• Rawannah Cardoso González Dos Santos (33)
• Natalia Cathoud Fonseca (33)
• Patric Damasceno Muro (42)
• Yuri Marcio De Oliveira (38)
• Caroline Stefane Do Amor Divino Pacheco (32)
• Antonio Daniel Dos Santos Junior (44)
• Giorgia Giacomelli Rebello (30)
• Bruno Gomes Costa (33)
• Guilherme Machado De Sousa Luceno Neto (33)
• Camila Martins Ferrari (37)
• Juiana Medeiros Gerding (37)
• Quemuel Melo Ribeiro (32)
• Geovana Mayara Nogueira Aurelio (34)
• Thiago Otaviano Viera (41)
• Fabio Rabello de Araujo e Silva (45)
• Ibraim Gustavo Silveira Siqueira (38)
• Tassio Vinicius Miranda Rocha (35)
• Dheyse Correia de Souza Lopes (38)
• Marcel De Souza Do Nascimento (35)
Según el acta de imputación, el 15 de junio de 2020, la Universidad María Serrana, a través de su entonces rectora Gerarda Norma Aquino Saucedo (+), habría presentado ante la Dirección de Registro de Títulos del Viceministerio de Educación y Ciencias documentos que acreditaban la finalización de la carrera de Medicina por parte de los acusados.
Las investigaciones revelaron que los certificados indicaban que los estudiantes habrían aprobado materias en la Universidad Sudamericana y la Universidad Internacional Tres Fronteras, pero en realidad no figuraban como alumnos de dichas instituciones.
El Ministerio Público sostiene que los imputados estaban al tanto de la presentación de documentos falsos con el propósito de inducir a error a las autoridades educativas. El objetivo habría sido obtener títulos de médicos, registrarse legalmente y ejercer la profesión.
Las fiscales continúan con el proceso para determinar las responsabilidades individuales en este caso.