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Fiscales allanan la Municipalidad buscando evidencias de supuestos hechos punibles

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Los fiscales Manuel Rojas Rodríguez y Hermenegilda Cubilla allanaron esta mañana la intendencia municipal de Ciudad del Este en el marco de la investigación sobre supuestos hechos irregulares en compras de kits de alimentos, insumos médicos, entre otros, denunciado por el concejal Celso Miranda, alias kelembú. También llegaron técnicos de la DNCP para realizar una auditoría a la gestión de Miguel Prieto.

El procedimiento fue en el marco de una investigación por los supuestos hechos punibles de Lesión de Confianza, Estafa, Apropiación y otros. El mandamiento judicial fue firmado por el juez Carlos Vera Ruiz, titular del Juzgado Penal de Garantías número 3.

Los entes contralores realizaron este procedimiento en conjunto, porque existe un convenio interinstitucional entre el Ministerio Público y la Contraloría. El fiscal Manuel Rojas explicó que la Fiscalía no cuenta con técnicos para hacer un análisis contable, razón por la cual los auditores de la Contraloría serán los encargados de examinar todos los documentos.

El equipo auditor de la Contraloría quedará toda la semana en la Municipalidad para la revisión de los documentos vinculados a las denuncias presentadas que tienen que ver principalmente con la compra de kits de alimentos e insumos médicos, durante esta Emergencia Sanitaria por Covid-19.

Según la denuncia, presentada por el concejal Celso Miranda, la administración de Miguel Prieto habría cometido presuntamente los referidos delitos con la compra de kits de alimentos y de insumos médicos,  durante la cuarentena sanitaria declarada por COVID-19.

El edil Miranda presentó tres denuncias contra Prieto en lo que va de este 2020, y que se tramitaban en las unidades penales números 10, 8 y 5,   individualizadas como causas 2218/2020, 3038/2020 y 4524/2020 respectivamente.

Prieto, utilizando sus redes sociales rechazó las acusaciones de kelembú y dijo que todas las adquisiciones efectuadas por su administración, así como las inversiones en obras, se ajustan estrictamente a derecho y cuentan con los documentos para demostrarlo, según manifestó.

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Vecino acusado de envenenar y matar a cuatro perros

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Un hombre denunció a su vecino por el supuesto envenenamiento y muerte de sus cuatro perros de diferentes razas. El hecho aconteció el 20 de mayo alrededor de las 08:00 horas en una vivienda ubicada en el barrio San Blas, en el distrito de Tavapy, sur del departamento de Alto Paraná.

El denunciante, Ever Diosnel Colmán Fretes (34), sindicó a su único vecino, Martín Persingola Núñez (76), como el responsable de este lamentable episodio. Según la acción radicada en la subcomisaría número 39 de la zona, se presume que el envenenamiento tuvo lugar en el inmueble de Persingola Núñez.

Los perros fallecieron después de vomitar chorizo y una sustancia venenosa, conforme se pudo precisar.

El dueño comentó que en la fecha y hora mencionadas, salió de casa en su vehículo para dirigirse a su chacra, mientras lo cuatro perros le siguieron hasta cierta distancia.

Luego, los animales regresaron y se dirigieron hacia la propiedad de Martín Persingola. Horas después volvieron a la casa de Colmán Fretes con los síntomas mencionados y fallecieron de inmediato.

El fiscal de turno de Santa Rita, José Silguero, intervino en la causa. Ever Diosnel se ratificó en su denuncia bajo acta.

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Informe de la Observadora de la UE: Ausencia de indicios de fraude y recuento de votos inviable

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En su último informe, la jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Tania Marques, confirmó que no se encontraron pruebas sustanciales de fraude electoral y que un recuento de votos no es factible en este momento.

Marques destacó el desarrollo normal de las recientes elecciones y reiteró que, a pesar de las acusaciones de supuesto fraude, no existen pruebas claras al respecto. Además, respaldó la decisión de no abrir el Sobre 4 por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Dijo que el envío de un grupo de observadores electorales refleja el compromiso de la Unión Europea con el proceso democrático en nuestro país. Esta tercera misión de observación electoral de la UE tuvo la responsabilidad de brindar acompañamiento antes, durante y después de las elecciones generales.

Resaltó que todo el proceso electoral transcurrió de manera transparente, elogiando los esfuerzos de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para fortalecer la confianza ciudadana. Acotó que el cómputo provisional y la revisión final de actas se llevaron a cabo sin contratiempos significativos.

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Operativo «apriete»: Fiscal incautó 500 celulares durante allanamiento

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En un supuesto operativo «apriete», el fiscal Luis Trinidad Colmán incautó al menos 500 celulares, argumentando que verificarán los respectivos IMEI en el marco de una investigación sobre robo agravado. El fiscal adjunto Jorge Sosa autorizó el procedimiento supuestamente irregular, conforme con los datos.

La intervención se realizó en la mañana de este sábado 20 en el edificio Multiplasss de Ciudad del Este. Los abogados del negocio afectado aseguraron que los artefactos están totalmente documentados y nada tienen que ver con el caso pesquisado, que sucedió en Caacupé el 25 de abril pasado.

Según datos, esa carga -sustraída por delincuentes- salió totalmente en frío, con anuencia de los responsables de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

Se supo que esas mercaderías no fueron despachadas en Paraguay y están valuadas en 3,5 millones de dólares. Además, de acuerdo con las informaciones que se manejan, cuentan con facturas, pero no pasó por el despacho.

La Fiscalía, para sostener el dudoso operativo en el comercio esteño, afirma que los celulares confiscados forman parte de aquel atraco, pese a contar con la lista de características de todos los aparatos sustraídos en aquella oportunidad.

El interés desmedido del agente fiscal Trinidad sería por la recompensa que está ofreciendo el propietario de la carga robada y cuya cantidad asciende a 3 mil ítems, según las fuentes.

Al respecto, el fiscal adjunto del Área Penal N° 10, Jorge Sosa, dijo que no contaba con mayores datos, pues estaban investigando. No obstante, confirmó que todo lo incautado fue llevado hasta la sede fiscal para una supuesta revisión pormenorizada.

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