El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para los días 4 y 7 de abril la audiencia preliminar para el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros 12 acusados en una causa que investiga un presunto hecho de corrupción durante la pandemia del COVID-19.

Prieto está procesado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco de una investigación del Ministerio Público que detectó supuestas irregularidades en una compra pública de insumos para panificados, destinados a familias de escasos recursos.

Según la imputación presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, el perjuicio patrimonial al municipio habría alcanzado los G. 306.188.500. El dinero fue desembolsado para adquirir productos que, según la investigación, nunca fueron entregados.

El proceso se remonta a una licitación por la vía de la excepción realizada entre marzo y junio de 2020, durante la emergencia sanitaria. El objetivo declarado era proveer insumos para la elaboración de alimentos solidarios. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el proceso fue direccionado para beneficiar a una estructura vinculada al propio intendente.

Además de Prieto, también están procesados funcionarios municipales y empresarios. Entre ellos figuran Buenaventura Morínigo, dueño de Tajy Construcciones; Emili Florentín y Robert Florentín, de la firma Vanemi S.A.; Richard Ayala, oferente; y funcionarios como Sebastián Martínez Insfrán, concejal municipal, entre otros.

Durante la audiencia preliminar, el juez Otazú deberá decidir si eleva la causa a juicio oral y público o si sobresee a los implicados.

Esta es la segunda causa por corrupción que enfrenta el actual jefe comunal de Ciudad del Este. La defensa de Prieto sostiene que se trata de una persecución política, mientras que desde el Ministerio Público insisten en que existen pruebas suficientes para sostener la acusación.