Cámara de Comercio sugiere reducir la carga al 10 %, igual que el impuesto a la renta, para incluir a más MIPYMES en el sistema. El Gobierno queda ante una decisión con impacto fiscal, político y social.
La Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este remitió una carta al presidente de la República, Santiago Peña, en la que plantea una propuesta concreta para facilitar la formalización laboral en Paraguay: reducir al 10 % la tasa del Aporte Patronal y Obrero del Instituto de Previsión Social (IPS), dividiéndola en partes iguales entre empleadores y trabajadores.
Según el gremio, el actual costo de afiliación al IPS representa una de las principales barreras para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) formalicen a sus empleados. Recordaron que durante la pandemia se evidenció que un gran número de trabajadores no estaba inscripto en el sistema de seguridad social, justamente por la carga económica que esto implicaba para los pequeños negocios.
La propuesta se basa en una lógica ya aplicada anteriormente con el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que fue reducido del 30 % al 10 % y terminó generando una mayor base contributiva y aumento de recaudación. La Cámara sostiene que un esquema similar podría aplicarse con el IPS, lo cual permitiría «una duplicación o triplicación de los ingresos» para la previsional.
En el documento, el gremio empresarial afirma que Paraguay es visto por muchos inversores como un país con incentivos fiscales atractivos, como el Régimen de Turismo de Compras y subsidios a la industria. En ese marco, consideran que avanzar en la formalización es vital para mantener esa competitividad, pero que se debe hacer con reglas que contemplen la realidad económica de los pequeños contribuyentes.
¿Qué consecuencias podría traer esta propuesta para el Gobierno?
Aceptar el planteamiento empresarial implicaría una reforma estructural en el financiamiento del IPS, en un momento en que el sistema previsional ya enfrenta cuestionamientos sobre su sostenibilidad. Si bien una menor carga podría facilitar la formalización, existe el riesgo de que una reducción de ingresos inmediatos debilite aún más la capacidad del IPS de sostener prestaciones médicas y jubilaciones, especialmente si la cantidad de nuevos aportantes no compensa rápidamente la diferencia.
Desde el punto de vista político, el Ejecutivo también se enfrenta a un equilibrio delicado: si aprueba la rebaja, podría ser visto como un gobierno proempresa, pero generaría críticas desde sectores sindicales y sociales por «beneficiar a los que hoy no aportan». Por otro lado, rechazar la propuesta podría interpretarse como una falta de apertura al diálogo con el sector comercial, especialmente en una zona fronteriza clave como Ciudad del Este.
Además, modificar el esquema de aportes al IPS podría abrir el debate sobre otros cambios estructurales en el modelo laboral y tributario, con posibles efectos en la relación con gremios, sindicatos y organismos internacionales.
En resumen, se trata de una propuesta con alto costo político si no se acompaña de un plan serio de sostenibilidad y control. La pelota está ahora en la cancha del Gobierno.
