Luego de las denuncias que afectan a la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos, efectuadas por empresarios que se dedican a la importación y comercialización de armas en Ciudad del Este y región, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados estaría iniciando los trámites para investigar y dilucidar la actuación de la referida agente fiscal.

Las denuncias fueron publicadas en algunos medios de comunicación e indican que Zunilda Ocampos supuestamente allanaba los locales de ventas de armas y exigía determinadas sumas de dinero a los comerciantes a cambio de no impulsar procesos penales contra los mismos. 

Según un informe remitido por el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada Antisecuestros, a cargo de Zunilda Ocampos Marín, está investigando a varias firmas comerciales de la capital del Alto Paraná por el supuesto hecho punible de violación de Ley de Armas y otros delitos conexos. 

Según afirma, los procedimientos efectuados por el Ministerio Público cuentan con el acompañamiento del Juzgado Penal de Garantías. En algunos casos, los responsables de estas casas de armas están imputados y en otros, acusados y a la espera de audiencias preliminares.

Entre los locales intervenidos figura “Caza y Pesca del Este”, propiedad de Julio César Cantero, de donde la comitiva fiscal-judicial había requisado 20 armas cortas y largas (entre pistolas, escopetas y rifles, de diversos calibres), que tenían series adulteradas y borradas. Además, incautaron gran cantidad de municiones sin facturas. Estos armamentos son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado y serán remitidos a la Dirección de Material Bélico (DIMABEL). 

Igualmente, fue intervenida “Armería Paraná”, de donde se incautaron 65 armas cortas y largas (glock, de diferentes calibres; Ruger, Smith&Wesson, Taurus, Sarsilmaz, Canik, Maverick, escopeta boito). Estas armas, fueron cotejadas debidamente y respaldadas con las documentaciones presentadas por los responsables. Se dejó constancia de que el local fue denunciado como lugar de acopio de armas de fuego sin documento legal y series adulterados, situación que no se pudo constatar. 

Asimismo, fueron allanados “Caza y Pesca Clase A”, “Casa El Pato”, “Caza y Pesca Morenita” y “Caza y Pesca Yguazú”. De estos sitios fueron requisados documentos de armas y actas de comercialización y transporte para el cruce de información con la DIMABEL, a fin de detectar posibles irregularidades. 

La comitiva fiscal-judicial, encabezada por la agente fiscal Zunilda Ocampos y el juez Amílcar Marecos, solicitó el acompañamiento de agentes antisecuestro de la Policía Nacional, considerando que había sospecha de que estos locales eran custodiados por agentes policiales de otras dependencias de la zona. Incluso, los investigadores manejan informaciones que las casas de armas estarían siendo protegidas por autoridades policiales de distintas dependencias.