Un morador del barrio San Sebastián de Presidente Franco presentó formal denuncia ante el Ministerio Público contra la concejal municipal de Presidente Franco, Bartola Fernández, por el supuesto hecho de tráfico de influencias, tipificado en la Ley 523/2004 y al mismo tiempo solicitó varias diligencias investigativas. El denunciante citó publicaciones periodísticas donde la edil afirmó haber conseguido puestos de trabajo para sus parientes en la Municipalidad de dicha ciudad. 

Bajo patrocinio de un abogado, Alcides Giménez Rodas, presentó un escrito ante la Fiscalía solicitando que la referida concejal sea investigada por el supuesto hecho de tráfico de influencias. Alega que su petición se ajusta a derecho, estipulado en el Artículo 40 de la Constitución Nacional, así como el Artículo 284 del Código Procesal Penal, que indica que cualquier ciudadano puede denunciar hechos de esta naturaleza. 

Giménez Rodas basó su denuncia en una publicación en portada de un medio escrito regional que se refirió a las afirmaciones de Bartola Fernández donde admite haber mediado para conseguir puestos de trabajo en la Municipalidad para sus dos hijos y dos sobrinos, incurriendo de esa manera en nepotismo, reza el escrito. 

En otro párrafo del escrito, el denunciante dice que el Ministerio Público está obligado a actuar de oficio en defensa de la sociedad ante los hechos mencionados. 

También solicita algunas diligencias, como por ejemplo pedir el listado completo de funcionarios de la comuna para corroborar la existencia o no de los parientes de la concejal. Otra petición debe ser remitida a la CGR para que ese órgano estatal de a conocer la declaración de bienes de Bartola y la eventual citación judicial para que la misma se presente a dar su versión sobre el hecho investigado.