Un abogado, un nativo de la parcialidad Ava Guaraní y una viuda, presentaron denuncias contra el agente fiscal de Hernandarias, Alfredo Acosta Heyn, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por supuestos procedimientos irregulares en varias causas penales que ocasionaron perjuicios a los denunciantes, según manifestaron. Solicitaron auditoría de las causas y la suspensión o destitución del representante del Ministerio Público, caso lleguen a ser comprobadas las irregularidades. 

Uno de los denunciantes es Ismael Barrios, un indígena de la parcialidad Ava Guaraní, imputado al igual que varias otras personas por el fiscal Acosta Heyn, sindicados de ser uno de los responsables de ingresar a la comunidad la comunidad Ysati de Itakyry y proceder a quemar ranchos y desalojar a la fuerza a integrantes de varias familias de nativos de la misma parcialidad, pero de otro grupo, que vivían en el lugar. 

Barrios niega haber cometido los hechos que se le imputa y afirma que los mismos nativos de ese lugar quemaron sus ranchos para aparecer como víctimas. 

Otra denuncia contra Acosta Heyn proviene de la señora Felipa Romero Vda. de Lugo, quien está imputada por supuesto hecho de coacción en una causa sobre sucesión de un inmueble localizado en la colonia Félix de Azara de Hernadarias. La propiedad de la mujer entró en litigio cuando apareció una persona portando un recibo alegando que el difunto esposo de la mujer le había vendido la propiedad de cinco hectáreas. 

La mujer afirma que presentó ante el fiscal el título de propiedad, el certificado de defunción y otros documentos respaldatorios, que no fueron tenidos en cuenta y fue imputada. 

El tercer denunciante es el abogado Alcides Romero de Hernandarias, quien acusó a Acosta Heyn de mal procedimiento e ignorancia de la ley. Relata el profesional que en noviembre del año pasado, una comitiva policial, acompañada de la asistente del cuestionado fiscal, llegaron hasta su domicilio afirmando que unos malvivientes al quienes estaban persiguiendo se refugiaron en su vivienda y pidieron ingresar para un cateo. 

Romero relata que no opuso resistencia y aceptó que los policías y la asistente fiscal ingresen a su domicilio, ya que estaba seguro que no estaba dando refugio a ningún maleante. «Lo único que pedí a la asistente de Acosta Heyn fue para que labre acta de todo lo actuado en mi casa», dijo el abogado. 

Luego de revisar la casa y no hallar indicios de la presencia de los buscados, Romero cuenta que la asistente recibió una llamada telefónica del fiscal desautorizando la verificación y ordenó el secuestro de uno de los automóviles del dueño de casa. El abogado dice que a pesar de no encontrar nada que lo vincule con los buscados, fue imputado por el supuesto hecho de frustración a la persecución penal y encima le requisaron su vehículo. 

«Fue una arbitrariedad de esta gente que anda en patota coaccionando a las personas», manifestó Romero. 

Agregó que pide al JEM la auditoria de la carpeta fiscal relacionada al hecho mencionado y la destitución de Alfredo Acosta Heyn, caso quede comprobado lo manifestado en la denuncia.