La defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y de los demás acusados en la causa N.º 13.060/2020 por presunta apropiación, presentó nuevos recursos contra la providencia que fijó la audiencia preliminar. La acción fue planteada ante el juzgado que lleva la causa por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 306 millones a la comuna.

Según la abogada Gilda María Portillo Vera, representante de la defensa técnica, no corresponde avanzar con el proceso judicial mientras se encuentra pendiente una acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte Suprema de Justicia. Dicha acción fue presentada contra resoluciones que rechazaron una excepción de incompetencia territorial y material planteada previamente en esta misma causa.

La profesional argumentó que, conforme al artículo 559 del Código Procesal Civil, la acción de inconstitucionalidad tiene efecto suspensivo, lo que significa que las resoluciones impugnadas no están firmes ni ejecutoriadas, y por tanto, aún no existe una definición definitiva sobre cuál juzgado debe continuar con el proceso.

Desde esa perspectiva, la defensa sostiene que avanzar con la audiencia preliminar podría derivar en nulidades absolutas, en caso de que la Corte falle a favor de la inconstitucionalidad planteada y se determine que el juez actual no tiene competencia legal para llevar adelante la causa.

Los recursos de reposición y apelación en subsidio fueron presentados de forma electrónica a las 07:00 horas del miércoles 26, conforme a los procedimientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia.

NOTICIA RELACIONADA

La abogada Portillo Vera aclaró que la intención de esta nueva presentación no es dilatar el proceso, sino “resguardar su validez”. Agregó que la defensa tiene interés en que la causa avance lo antes posible, y reiteró que están convencidos de haber actuado “con responsabilidad y transparencia” desde el inicio del proceso.

Esta causa guarda relación con la adquisición de insumos para la elaboración de panificados durante la pandemia, en el año 2020, a través de una licitación por la vía de la excepción. El Ministerio Público sostiene que hubo un perjuicio económico a la municipalidad y ha formulado una acusación contra 13 personas, entre ellas el jefe comunal.

Por su parte, la Fiscalía había solicitado días atrás la aplicación de sanciones contra la defensa técnica por presunto uso abusivo de recursos procesales, alegando una intención de frenar el avance del proceso penal.