La Contraloría General de la República, a través de su titular Camilo Benítez, solicitó formalmente la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este ante el Ministerio del Interior, argumentando la existencia de graves irregularidades detectadas en ambas comunas.
Durante una comunicación oficial, Benítez expuso los fundamentos del pedido, basándose en informes de auditoría sobre la transferencia de recursos financieros a la Subcomisión Distrital de Ciudad del Este para la campaña Navidad Sustentable en 2023, así como el examen documental de los gastos de capital de la administración municipal correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 al 2022.
En el caso de Asunción, el contralor mencionó que se realizaron auditorías sobre el uso de los fondos obtenidos a través de la emisión de bonos G8 y G9, donde se habrían detectado serias inconsistencias en la ejecución de dichos recursos.
«Nuestro trabajo se ha visto truncado por la falta o nula cooperación de los entes sujetos a la tarea de control», expresó Benítez, señalando que la falta de respuesta de los organismos públicos y la ausencia de seguimiento por parte del Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas han dificultado las tareas de fiscalización de la Contraloría.
«Es preciso y urgente hallar soluciones necesarias para desnudar las inconductas de los administradores de la cosa pública», afirmó Benítez, justificando el pedido de intervención.
Además, Benítez sostuvo que la Contraloría ha remitido un total de 226 reportes al Ministerio Público desde el inicio de su gestión, muchos de los cuales fueron desestimados bajo el argumento de tratarse de meros casos administrativos, pese a tener connotaciones penales.
«En muchos casos, nuestras denuncias fuertemente fundadas simplemente fueron desechadas por considerarlas meramente administrativas», expresó el contralor, cuestionando la falta de acción por parte del Ministerio Público.
El pedido de intervención será remitido ahora a la Cámara de Diputados, instancia que deberá decidir si aprueba o no la medida contra ambas municipalidades.