Minga Guazú. Ciudadanos organizados de este municipio denunciaron un posible conflicto de intereses en obras financiadas con dinero de la Municipalidad. Según la Contraloría Ciudadana, varios concejales integran una comisión que administra recursos públicos y al mismo tiempo actúan como fiscalizadores, algo que consideran grave y peligroso.

La denuncia apunta a las resoluciones 2181 y 2182 del 2024, que autorizan obras de empedrado con fondos municipales. El contrato fue adjudicado a ENDA EAS y JMD Construcción, pero ya hay sospechas de irregularidades: no hay carteles de obra, el trabajo sería de mala calidad, y no aparecen las facturas legales que justifiquen los pagos.

Entre los ediles señalados están José Silguero, Laura Barreto, Blanca Riquelme y Juan Barreto, todos miembros de la Comisión Instancia Territorial, que recibió los fondos para ejecutar las obras. “No pueden ser jueces y parte. Manejan la plata y después dicen que la controlan. Eso no tiene lógica ni transparencia”, afirmaron desde la Contraloría.

La nota fue presentada a la presidenta de la Junta, Blanca Celina Riquelme, exigiendo que se pida un informe completo a la Dirección de Finanzas. También reclaman que la Comisión de Infraestructura haga una verificación en los lugares donde debieron ejecutarse los trabajos.

Los vecinos ya hicieron recorridas y documentaron todo con fotos y planillas. Ahora esperan una respuesta institucional y una auditoría que aclare el uso de los fondos públicos.

Las obras bajo la lupa corresponden a la construcción de pavimento tipo ripio en distintos barrios de Minga Guazú. Según la Contraloría Ciudadana, varias de estas intervenciones ni siquiera arrancaron, otras están incompletas o fueron mal ejecutadas. En los sitios visitados se constató la ausencia de carteles obligatorios, deficiencias en la compactación del suelo y uso de materiales de baja calidad. Lo más grave: no hay facturas legales que respalden los desembolsos ya realizados a las empresas adjudicadas.