Tras la conferencia del interventor Ramón Ramírez, concejales de la bancada oficialista expusieron su postura sobre las transferencias a comisiones vecinales, negando la existencia de obras fantasmas o daño patrimonial.
Concejales de la bancada oficialista de la Junta Municipal de Ciudad del Este salieron al paso este miércoles 23 de julio tras las declaraciones del interventor Ramón Ramírez, quien en conferencia de prensa informó sobre presuntas irregularidades en la gestión de recursos municipales, principalmente en la transferencia de fondos a comisiones vecinales y ONGs. Los ediles Sebastián Martínez, Víctor Torales y Valeria Romero defendieron públicamente la administración del intendente Miguel Prieto.
Según manifestaron, el interventor no pudo confirmar la existencia de obras fantasmas ni daño patrimonial, al ser consultado por los medios de comunicación durante su presentación. Afirmaron que todas las obras ejecutadas con fondos transferidos están documentadas y visibles.
Sebastián Martínez, presidente de la Junta Municipal, sostuvo que «el interventor confunde los alcances de la ley» y agregó que las transferencias se realizaron conforme a los mecanismos establecidos, con apoyo técnico brindado por la Municipalidad a las comisiones vecinales.
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También señaló que, si bien pueden haber existido errores administrativos puntuales, estos no representan una práctica sistemática ni justifican las conclusiones expuestas por la intervención. Martínez explicó que las comisiones, al no contar con personal técnico propio, reciben asistencia del municipio para cumplir los requerimientos legales.
En relación con la empresa Tajy, señalada por facturar exclusivamente a la comuna, Martínez afirmó que la selección de proveedores está a cargo de las comisiones, que eligen al oferente más económico mediante actas comparativas. Aclaró que si se detectaran posibles filtraciones de información interna, ello debe ser objeto de una auditoría, pero no puede interpretarse automáticamente como evidencia de un circuito irregular.
Los concejales oficialistas reiteraron que todos los documentos respaldatorios —actas, presupuestos, registros de pago y fotografías de obras— están disponibles para su revisión y que no existen elementos para afirmar que hubo perjuicio al patrimonio municipal.