Voceros de la Municipalidad de Ciudad del Este manifestaron que los concejales municipales de la bancada opositora recurren a presiones y denuncias y con ello buscar apoyo político para contrarrestar las acciones judiciales que soportan. En la mañana de este lunes presentaron denuncia ante el JEM contra los jueces Silvio Rojas, Carmen Chávez de Talavera y la fiscal Claide Acosta.
Según la comuna, el objetivo real de los concejales es dejar un precedente para que ningún otro magistrado intente dictar alguna resolución que les afecte. «Es un claro atropello a los órganos de justicia, similar a la amenaza hecha por Nicanor Duarte Frutos semanas atrás durante su visita a la ciudad», dijo al respecto el abogado Christian Cabral, asesor jurídico del municipio.
Los firmantes de la denuncia son Teodoro Mercado, Celso Miranda, Lilian González de Aguinagalde, Miguel Prieto, Herminio Corvalán, María Portillo, Juan Ángel Núñez y Juan Carlos Barreto.
La denuncia contra el juez de Hernandarias, Silvio Rojas, es por haber concedido una medida cautelar a la institución municipal, por las varias irregularidades cometidas en tres sesiones de la junta municipal, según Cabral.
La jueza Carmen Chávez por su parte, fue denunciada por un juicio promovido por el actual secretario general con permiso Blas Darío Domínguez, por su estabilidad laboral, en el cual había solicitado no innovar en lo referente al cambio del mismo.
La fiscal Claide Acosta fue denunciada por haber imputado al presidente de la Junta, Teodoro Mercado, por usurpación de funciones. El citado había sido denunciado por la comuna por nombrar a funcionarios a través de una circular, sin tener atribuciones para hacerlo, según manifestó el abogado Cabral.
SE EXPONEN A UNA NUEVA DENUNCIA PENAL
Los concejales opositores amenazaron con solicitar una vez más el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este a pesar de que está en vigencia el A.I. Nº 5 con fecha del 10 de agosto del 2016, que prohíbe taxativamente a través de la medida cautelar dar trámite a un pedido de intervención de la Municipalidad sin cumplir los requisitos legales. Los concejales se exponen a una nueva denuncia penal por desacato a la Orden Judicial por lo que se exponen a una pena privativa de libertad de unos 5 años según la Ley Nº 4711/12, según argumentó Cabral.
«Si los concejales aprobaran nuevamente un pedido de intervención estarían desacatando por segunda vez una orden Judicial, recordando que los mismos no respetaron la orden judicial de no innovar con relación al secretario general.
Con relación a la resolución que hace lugar a la medida cautelar solicitada y la prohibición de innovar, estamos hablando de una persecución de años, en la que no la dejan trabajar a la intendente. Entonces existe la prohibición de innovar, acá se está hablando de algo meramente político, donde ellos se dedican a impedir todo lo que la ciudadanía ya sabe, compra de sillas de ruedas, sillas y más», explicó el abogado del municipio.