La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encuentra en el centro de la controversia luego de incumplir una orden judicial notificada el pasado lunes. Esta decisión judicial, que involucra un caso legal en curso con la empresa Textihilos S.A., ha ocasionado pérdidas económicas significativas para la firma privada, según manifestaciones de su asesora legal.

El pasado 20 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno, emitió una resolución que otorgaba medidas cautelares a Textihilos S.A. en el marco del expediente número 132 del año 2023, titulado «Textihilos Sociedad Anónima c/ Administración Nacional de Electricidad – ANDE s/ Nulidad de Acto Jurídico». Estas medidas incluían la «prohibición de innovar» respecto al contrato de suministro de energía eléctrica y la suspensión de facturas pendientes de pago emitidas por ANDE.

Sin embargo, hasta la fecha, la ANDE no ha cumplido con la orden judicial, y las autoridades de Textihilos S.A. expresan su preocupación y frustración por esta situación. La negativa de la empresa estatal a restablecer el suministro de energía eléctrica y a acatar las medidas cautelares ha llevado a Textihilos S.A. a sufrir pérdidas económicas considerables.

La abogada Gladys Beatriz Ibarra Noguera, quien representa a Textihilos S.A., ha destacado la importancia de la orden judicial y ha instado a la ANDE a cumplir con sus obligaciones legales de manera inmediata. «Esta orden fue emitida después de un análisis legal exhaustivo, y esperamos que la ANDE respete la decisión del tribunal», señaló Ibarra.

La situación también ha provocado un debate sobre la responsabilidad de las empresas estatales y su obligación de acatar las decisiones judiciales. Los críticos argumentan que el incumplimiento de la ANDE socava el sistema judicial y plantea interrogantes sobre el respeto a la ley por parte de las empresas estatales.

Las autoridades de Textihilos S.A. han reiterado su deseo de resolver este conflicto legal de manera justa y han señalado que el incumplimiento de la ANDE está afectando adversamente sus operaciones y su capacidad para operar de manera efectiva.