Fernando de la Mora. El fiscal Aldo Cantero Colman, acompañado de agentes de la Policía Nacional, realizó un allanamiento en la empresa VIMA S.A., ubicada en este municipio, buscando máquinas de minería de criptomonedas del modelo Avalon 1166PRO y teléfonos celulares, según la orden judicial. Pero lo llamativo del caso es que, al no encontrar las máquinas específicas que estaban en la lista, el fiscal optó por llevarse igual 118 máquinas de otros modelos.

Entre los equipos incautados, todos también dedicados a la minería de criptomonedas, había 46 máquinas Avalon Miner 1246 de 87 terahashes, 54 unidades del modelo 1246 de 83 terahashes y otras 18 máquinas 1246 de 85 terahashes. La sorpresa es que ninguna de estas máquinas coincide con el modelo específico que el fiscal tenía orden de buscar, lo que ha generado dudas y comentarios en torno al procedimiento.

Ahora, el fiscal Cantero tiene un plazo de tres días para informar los resultados de este operativo al juez Rolando Duarte, del Juzgado Penal de Garantía Nº 9, quien fue el que firmó la orden de allanamiento. A partir de ahí el magistrado es quien deberá decidir qué hacer con este llamativo procedimiento.

Este caso abre interrogantes sobre la justificación y los criterios que aplicó el fiscal para incautar bienes que no estaban en la lista, y no falta quienes se pregunten si esto fue una maniobra al voleo o si realmente había fundamentos para llevárselas. ¿Habrá algún criterio técnico que justifique la decisión o fue simplemente para “no irse con las manos vacías”?

Este tipo de situaciones es lo que alimenta la desconfianza en la actuación de la Fiscalía y el Poder Judicial, sobre todo cuando se trata de incautaciones que parecen desviar la atención de los objetivos originales de una investigación. Ahora, la responsabilidad recae en el juez Duarte para aclarar si se justifica esta incautación o si, una vez más, estamos ante un procedimiento improvisado y sin respaldo.