Tres personas involucradas en un aborto practicado en una clínica clandestina y que derivó en la muerte de una mujer, fueron acusados por la fiscal Zunilda Ocampos. De igual forma, la representante del Ministerio Público requirió la elevación de la causa a juicio oral y público.
Entre los acusados se encuentra un hombre que fungía de médico identificado como Carlos Alberto Martínez Barreto y la enfermera Diana Concepción Céspedes Melgarejo y Juana Baustista Delvalle Rojas, quienes afrontan cargos por varios hechos punibles.
Según los antecedentes, los hechos quedaron al descubierto después de que familiares de la víctima fatal comunicaran a la Policía, manifestando que la misma supuestamente murió por problemas cardíacos. Sin embargo, el médico forense de la Fiscalía, Dr. Eduardo Cano, quien intervino en el levantamiento del cadáver, notó contradicciones de los familiares sobre las razones de la muerte.
Luego de una minuciosa inspección, el profesional determinó que la víctima presentaba herida quirúrgica lineal de 10 centímetros aproximadamente, saturado de hipogastrio de abdomen, además de sitios de punción venosa en ambos brazos. Determinó que la causa probable de muerte fue por “Shock séptico, a punto de partida por infección quirúrgica ginecológica”.
Posteriormente, mediante averiguaciones, la Fiscalía pudo determinar que la víctima había salido de su casa, con su madre Juana Bautista, el 24 de marzo del 2021 y trasladada hasta una clínica clandestina del kilómetro 7 Acaray, Fracción Las Mercedes, donde le habrían practicado el aborto de su embarazo de más de tres meses. El procedimiento presumiblemente estuvo a cargo del supuesto médico Carlos Alberto y su pareja Diana Concepción.
Pero al presentar complicaciones, la víctima habría sido trasladada hasta la ciudad de Caaguazú, en una clínica de la pareja de supuestos trabajadores de salud. Allí, se produjo el fallecimiento de la joven. Tras el hecho, el cuerpo fue trasladado nuevamente a la capital del Alto Paraná.
En prosecución de la pesquisa, la fiscal Zunilda Ocampos allanó los dos locales que funcionaban de forma irregular y requisó varias evidencias relacionadas con los supuestos hechos punibles investigados. También imputó a los presuntos implicados y ahora tras cumplirse el plazo establecido por el Juzgado, formuló la acusación y pidió juicio oral. El requerimiento fue presentado en el Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo de la magistrada Alba Meza.