El abogado Hugo Núñez, representante de la familia Kim, cuestionó la actuación del Ministerio Público en la causa que involucra a accionistas de K & K Shopping’s S.A. y sostuvo que un conflicto entre socios fue trasladado de manera apresurada al ámbito penal.

Núñez afirmó que la denuncia que dio origen al proceso fue presentada el 26 de agosto de 2026 y que la imputación se formuló apenas cinco días después, el 31 de agosto.

Para el abogado, ese corto plazo entre la denuncia y la imputación genera cuestionamientos sobre la forma en que avanzó la investigación.

La causa está a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho Romero, quien imputó a Ana Kim Jang, conocida como “Ana Coreana”, y a otras personas vinculadas a K & K Shopping’s por supuestos hechos de apropiación, lesión de confianza, estafa y delitos relacionados con documentos.

La familia Kim rechaza la imputación y también cuestiona las actuaciones impulsadas por el fiscal.

Según Núñez, el origen del conflicto debe analizarse principalmente dentro de la propia sociedad. Sostiene que la controversia gira en torno a decisiones de asamblea, aumentos de capital y cambios en la participación accionaria entre las familias Kim y Kao/Wang.

El abogado aseguró además que las asambleas fueron convocadas siguiendo el mismo procedimiento utilizado históricamente por la empresa, mediante publicaciones y reuniones formales de accionistas.

De acuerdo con su versión, el grupo Kao/Wang tuvo la posibilidad de acompañar los aumentos de capital para conservar su porcentaje dentro de la sociedad, pero no habría realizado los aportes correspondientes.

Núñez también cuestionó que la contraparte impugne determinadas asambleas mientras, al mismo tiempo, reclama efectos económicos derivados de otras decisiones adoptadas bajo procedimientos que, según él, fueron similares.

Otro punto planteado por la defensa es que la familia Kim habría asumido históricamente la gestión y una parte importante de las inversiones realizadas en el emprendimiento. Para Núñez, ese factor ayuda a explicar cómo fue cambiando con el tiempo la participación accionaria dentro de K & K Shopping’s.

La defensa sostiene, en consecuencia, que el caso debe analizarse primero desde la lógica de una disputa entre accionistas antes que como una maniobra penal.

La investigación sigue abierta y será la Justicia la que deberá determinar si las operaciones cuestionadas se ajustaron a los procedimientos legales y si existió el perjuicio denunciado por la familia Kao/Wang.