Joaquín Valenzuela Cantero fue condenado a 18 años de prisión, mientras que Augusto Garcete recibió una sanción de 10 años de privación de libertad tras el juzgamiento por el asalto y muerte en el interior del local comercial Yo Sé, ubicado al costado de la avenida Perú, donde falleció el señor Primo Ocampos Servín, en poder de los hoy condenados. El Ministerio Público, representado por el fiscal Julio César Yegros pidió penas de 7 y 8 años de prisión para ambas personas, pero el Tribunal lo modificó con sanciones más elevadas. 

Al respecto, la jueza Graciela Ortiz explicó que ese día 24 de agosto llegaron estas personas al local comercial, simulando ser clientes, con una caja de cerveza, pero a los pocos minutos, Valenzuela desenfundó un arma de fuego y disparó contra Ocampos Servín a la altura del pecho, llevando el dinero que había en la caja, producto de la recaudación del día. Se hizo saber que el hombre actuó motivado por venganza o rencor pues meses antes del luctuoso suceso, ya estuvieron en el mismo lugar y no pudieron concretar el robo porque fueron corridos por el dueño del local. 

El disparo a Ocampos fue a la altura del corazón y de acuerdo a las testificales desarrolladas durante el contradictorio, su atacante le dijo en guaraní que se levantara del piso, si tenía coraje (epu´ãna la nde valerõ). De la misma forma se supo que el grupo es el mismo que estuvo con anterioridad en el local y el asalto fue frustrado por la rápida acción del comerciante, de quien se vengaron con el asesinato y robo. 

La defensa de Valenzuela habló que un tal Antonio fue el responsable del disparo que segó la vida del dueño del local comercial, pero no hay indicios o investigaciones que puedan dar con su paradero. 

En cuanto a Aníbal Garcete Solís, se comprobó que fue el responsable de trasladar a Valenzuela hasta el lugar del crimen, lo espero en frente y luego lo ayudó a escapar a bordo de un automóvil Toyota, Premio de color claro, que posteriormente fue encontrado en un taller donde se debería cambiar la pintura para borrar evidencias del caso. 

El fiscal pidió penas mucho menores para ambos acusados, pero en el caso de Valenzuela Cantero, planteó tres años de medidas de seguridad. Sin embargo, las magistradas explicaron que el pedido del Ministerio Público no es vinculante y que, ante la gravedad de los hechos y las pruebas desarrolladas en el juicio oral, pueden aplicar penas diferentes a la planteada por la Fiscalía, como ocurrió en este caso.