El presidente de la República, Santiago Peña, decidió dejar sin efecto cuatro decretos relacionados con el uso de energía eléctrica para proyectos industriales de gran consumo, entre ellos iniciativas vinculadas a centros de datos, inteligencia artificial y nuevas industrias que buscan instalarse en Paraguay.
La medida alcanza a los decretos N.º 5306 y 5307, emitidos en enero de este año, así como a los decretos N.º 5860 y 5861, promulgados en abril para introducir modificaciones a las normativas originales.
Según el Gobierno, la decisión busca proteger la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y asegurar que la energía paraguaya siga siendo una herramienta para generar empleo, atraer inversiones e impulsar la industrialización del país.
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, afirmó que Paraguay debe administrar responsablemente uno de sus recursos más importantes para transformarlo en oportunidades para la población.
«Paraguay compite todos los días con otros países por industrias, empleo y capital. Para ganar esa competencia necesitamos instituciones sólidas, previsibilidad y reglas claras», expresó.
Por su parte, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, rechazó las versiones que señalaban que la institución habría recibido presiones para tomar decisiones relacionadas con estos proyectos.
«En ningún momento he recibido algún tipo de presión de ningún sector», afirmó.
Sosa explicó que la revisión de los decretos fue realizada junto con varias instituciones del Estado y representantes de distintos sectores, mediante reuniones y análisis técnicos.
«Lo que ocurrió acá es trabajo en equipo. Siempre se trabajó en conjunto, analizando los factores que podrían beneficiar a la institución y también al país», señaló.
El titular de la ANDE también recordó que el consumo de energía eléctrica en Paraguay creció cerca de un 50 % en los últimos tres años, por lo que la institución debe seguir invirtiendo en líneas de transmisión, distribución y generación para garantizar el suministro en el futuro.
A su vez, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, aseguró que la decisión no representa un cambio en la política de industrialización del Gobierno y que Paraguay seguirá buscando atraer inversiones que generen empleo y valor agregado.
Las autoridades coincidieron en que el desafío sigue siendo aprovechar la energía producida por el país para impulsar más industrias, más puestos de trabajo y mayores oportunidades para los paraguayos.