Presidente Franco. El expediente laboral del exempleado de la empresa Visão Vip, Óscar René Valdés, cumple un año sin avances en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno de Presidente Franco, a cargo de la jueza Sara Silva Figueredo, conocida entre litigantes como la “reina de la morosidad” por el permanente retraso en la tramitación de causas.
El denunciante reclama el reconocimiento de más de 10 años y 7 meses de trabajo, salarios no declarados correctamente y una liquidación presuntamente calculada por debajo de la ley. A pesar de tratarse de un litigio laboral —materia que debería resolverse con rapidez—, el expediente se mantiene encajonado, sin resoluciones, sin audiencias y sin movimientos procesales visibles.
Abogados que litigan en este fuero explican que la demora no sorprende. Desde hace años, el juzgado arrastra un historial de retardación de justicia, denuncias ante el Consejo de la Magistratura y reclamos constantes por expedientes que ingresan y quedan paralizados durante meses o incluso años. Varios profesionales consultados sostienen, bajo reserva de identidad, que “nada se mueve allí sin plata” y que los supuestos pedidos de dinero para destrabar causas son un comentario recurrente en los pasillos judiciales.
No existen denuncias formales que acrediten estos dichos, pero los señalamientos se repiten con insistencia entre litigantes que consideran ese juzgado como uno de los más opacos y lentos de Alto Paraná.
Incluso se registraron casos en los que jueces interinos, durante las vacaciones de Silva Figueredo, lograron destrabar en pocos días expedientes que llevaban meses sin movimientos, generando aún más críticas sobre la gestión habitual del despacho.
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Para Óscar, la mora judicial significa un año de incertidumbre total: sin respuestas, sin resolución y sin la posibilidad de acceder a una reparación económica mientras su caso permanece estancado. La ley establece que los juicios laborales deben avanzar con celeridad, pero en este juzgado el tiempo parece detenido.
Las organizaciones gremiales y los litigantes llevan tiempo alertando que la mora en ese despacho afecta derechos fundamentales, especialmente en causas donde la subsistencia de una familia depende de que el proceso avance.
El expediente de Óscar es un ejemplo más de un problema que ya no se limita a quejas aisladas. En la práctica, la justicia que no se mueve termina convirtiéndose en injusticia. Y mientras su carpeta sigue sin avances, también se detiene la posibilidad de reparación para un trabajador que afirma haber sido perjudicado por su exempleador.