CIUDAD DEL ESTE. La administración municipal de Ciudad del Este defendió nuevamente su gestión en medio del proceso de intervención impulsado por la Contraloría General de la República. La institución informó que el Tribunal de Cuentas se declaró competente para analizar la legalidad de los gastos observados, abriendo una instancia judicial que podría definir el curso del conflicto.
Según el comunicado oficial, la decisión del Tribunal se dio tras una impugnación presentada por la comuna luego de agotar la vía administrativa ante la Contraloría. El organismo jurisdiccional aceptó estudiar los ejercicios fiscales desde el año 2021, dejando pendiente el análisis de las rendiciones correspondientes a 2024 hasta tanto se resuelvan las anteriores.
El intendente Miguel Prieto y su equipo jurídico sostienen que el dictamen de la Contraloría carece de carácter vinculante y que no define por sí solo la existencia de «graves irregularidades». En palabras del abogado Juan Carlos Arévalos, representante legal de la comuna: «Ellos (el Tribunal de Cuentas) son los que, en definitiva, van a decir si existieron o no graves irregularidades en la ejecución del presupuesto».
La postura municipal se da en respuesta a un informe de la Contraloría que señala presuntas irregularidades por más de G. 42.000 millones en gastos de capital entre 2019 y 2022, así como transferencias por G. 2.000 millones a una ONG en 2023 en el marco del programa “Navidad Sustentable”. El contralor Camilo Benítez sostiene que los hallazgos justifican el pedido de intervención actualmente en análisis en la Cámara de Diputados.
Tanto Prieto como Benítez comparecieron recientemente ante la comisión especial creada en Diputados, donde expusieron sus argumentos. Mientras el intendente denunció una supuesta persecución política y defendió la legalidad de los actos administrativos observados, el contralor reiteró la gravedad de las observaciones técnicas que derivaron en el pedido de intervención.
«Estamos actuando dentro de los márgenes que establece el Estado de Derecho. La transparencia también implica defender la institucionalidad cuando se intenta vulnerar el debido proceso», expresó Arévalos, en defensa del uso de herramientas judiciales por parte de la Municipalidad.
El Tribunal de Cuentas aún no emitió sentencia sobre el fondo de la cuestión, pero la decisión de aceptar su competencia abre un nuevo capítulo en la disputa. Por su parte, la comisión parlamentaria tiene un plazo de 15 días para emitir dictamen, tras lo cual el pleno de Diputados deberá decidir si aprueba o no la intervención.