Ciudad del Este. El Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Ciudad del Este ordenó a la Municipalidad local entregar documentación solicitada por Lourdes Magdalena Montiel Morel, quien promovió una acción de amparo constitucional por negativa de acceso a la información pública. La medida fue dispuesta por la jueza Teresita Cazal, quien consideró que la administración municipal no cumplió con su obligación de proporcionar información pública de forma completa.
Montiel, exasesora financiera de la Municipalidad, había solicitado copias de órdenes de pago, facturas y rendiciones de cuentas relacionadas con transferencias de fondos a entidades educativas y organizaciones sin fines de lucro. Los pedidos se centraban en los objetos de gasto 842 y 874, que abarcan más de 10.900 millones de guaraníes transferidos durante 2024 y 2025.
La denuncia fue presentada el 5 de mayo por Montiel, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez Núñez, argumentando que la Municipalidad respondió parcialmente a la solicitud, entregando planillas sin documentos de respaldo ni detalles sobre los contratos y aportes cuestionados.
En su resolución, la jueza Cazal dispuso que la administración municipal entregue copias de contratos, órdenes de pago, resoluciones administrativas y documentos de auditoría interna vinculados a los desembolsos. Además, ordenó a la Municipalidad abstenerse de obstaculizar el acceso a la información pública, conforme a la Ley N.º 5282/2014.
La jueza advirtió que el incumplimiento de la medida judicial podría derivar en sanciones por desacato y acciones penales contra los funcionarios responsables. Hasta el momento, la Municipalidad no emitió un pronunciamiento oficial sobre la resolución judicial. Montiel sostiene que la documentación solicitada permitirá esclarecer el destino de los fondos asignados a comisiones y asociaciones que habrían recibido transferencias significativas sin justificación clara.r sancionados por obstaculización al acceso a la información pública.
Montiel, por su parte, sostiene que la información solicitada permitirá esclarecer el destino de millonarios desembolsos realizados a comisiones y asociaciones, algunas de las cuales habrían sido creadas únicamente para justificar las transferencias.