La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra quienes ingresen teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación a las penitenciarías y centros educativos «en contexto de encierro». La normativa prevé hasta cinco años de cárcel para los infractores y hasta siete años si se trata de funcionarios públicos.
La propuesta, impulsada por el diputado José Rodríguez (ANR-Capital) en coordinación con el Ministerio de Justicia, apunta a frenar el uso de celulares dentro de las cárceles, considerado un grave problema para la seguridad pública.
Durante el tratamiento, el diputado Pedro Ortiz (ANR-Central) apoyó la iniciativa e informó sobre una modificación en el texto, aclarando el alcance sobre los centros educativos. Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Capital) advirtió sobre inconsistencias en los marcos penales previstos, pidiendo un análisis más riguroso en el Senado.
La ley también contempla sanciones para la tentativa de ingresar dispositivos, buscando desalentar cualquier conducta que atente contra la seguridad institucional. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá de su implementación efectiva, especialmente ante las denuncias de corrupción interna que persisten en el sistema penitenciario.
El proyecto ahora pasa a consideración de la Cámara de Senadores.