Tras la nueva suspensión de la audiencia preliminar en la causa por presunta apropiación de fondos públicos, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se pronunció en su cuenta de Facebook, donde compartió una fotografía acompañado por otros de los acusados.
En su publicación, Prieto afirmó que «imputaron a 11 personas injustamente» y que, a su criterio, existe un intento de frenar su proyecto político. Además, señaló que las personas involucradas en el expediente no tendrían responsabilidad en los hechos investigados. “Buscan frenar nuestro proyecto político desesperadamente. Dejen de perseguir a personas que no tienen nada que ver en esta historia. El problema es conmigo”, escribió el jefe comunal.
La causa involucra a 13 acusados por un supuesto perjuicio de G. 306 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, vinculado a una licitación para la compra de insumos alimenticios durante la pandemia del COVID-19. El Ministerio Público sostiene que las mercaderías no fueron entregadas y que el proceso de contratación fue direccionado para favorecer a una empresa específica.
La audiencia preliminar, que estaba marcada para el 4 de abril, volvió a suspenderse tras la presentación de recursos por parte de la defensa, que argumenta que no puede avanzarse con el proceso mientras la Corte Suprema de Justicia no resuelva una acción de inconstitucionalidad pendiente. Esta acción fue planteada contra decisiones que rechazaron una excepción de incompetencia territorial y material. Según la defensa, dicha acción tiene efecto suspensivo conforme al artículo 559 del Código Procesal Civil, lo que impediría al juzgado proseguir con etapas como la audiencia preliminar. Además, advierten que seguir sin una definición clara sobre la competencia judicial podría derivar en nulidades absolutas.
Por su parte, el juez Humberto Otazú rechazó los recursos y solicitó informes sobre la actuación de la abogada defensora, ante la reiteración de incidentes que impiden el desarrollo normal del proceso. Desde el Ministerio Público, los fiscales sostienen que se trata de maniobras dilatorias y pidieron que se apliquen sanciones disciplinarias por uso abusivo del derecho.
Aunque la acusación fiscal fue presentada en 2023, el proceso aún no avanzó a la etapa de juicio oral, debido a la acumulación de recursos y planteamientos incidentales. La fecha de reprogramación de la audiencia dependerá ahora de lo que resuelva el juzgado y, eventualmente, la Corte Suprema.