Según un informe de la Policía Federal de Brasil, una operación conjunta entre fuerzas de seguridad brasileñas y la Policía Nacional del Paraguay permitió la recuperación de una camioneta robada y la detención de un sospechoso en Ciudad del Este.

El procedimiento se llevó a cabo el sábado 1 de marzo en la zona de la Triple Frontera. La propietaria del vehículo, una Ford Ranger gris con matrícula brasileña de Contagem (MG), informó a la Policía Federal en la Aduana del Puente de la Amistad que su rastreador señalaba la ubicación del rodado en territorio paraguayo.

Con esta información, se coordinó un operativo con la Policía Nacional, que permitió localizar la camioneta en el estacionamiento de un hotel en Ciudad del Este. En el lugar, fue detenido el presunto autor del robo, identificado como el exesposo de la dueña del vehículo, quien además es acusado de violencia doméstica y habría huido al Paraguay.

La camioneta quedó a disposición de la propietaria en la comisaría local para los trámites de restitución.

Mientras medios brasileños denuncian el problema, en Paraguay las autoridades ignoran la práctica ilegal que afecta a miles de personas.

La quema de basura en la ribera del río Paraná, en la zona del viejo muelle del barrio Remansito, genera un grave problema ambiental que impacta directamente en la vecina ciudad brasileña. Desde hace meses, residentes y turistas han alertado sobre el humo y el hollín que cruzan la frontera, deteriorando la calidad del aire en la región. Sin embargo, pese a las reiteradas denuncias en Brasil, en el lado paraguayo las autoridades siguen sin intervenir.

En grupos de WhatsApp, vecinos de Foz han compartido imágenes y videos de las columnas de humo que emanan desde la costa paraguaya. “Todos los días arrojan y queman basura en esta zona. La ceniza y el humo llegan hasta nuestras casas, y nadie hace nada para evitarlo”, reclama un residente en uno de los mensajes viralizados en redes sociales.

Medios brasileños como el Diário de Foz han expuesto el problema en reiteradas ocasiones. En septiembre de 2024, el diario ya había alertado sobre la existencia de un basural clandestino cerca de un embarcadero en Ciudad del Este. A pesar de la cobertura mediática y los reclamos ciudadanos, la situación persiste.

Autoridades paraguayas: sordas, ciegas y mudas

Del lado paraguayo, el silencio oficial es absoluto. Ni la Municipalidad de Ciudad del Este ni las instituciones ambientales han tomado medidas para frenar esta práctica ilegal que, además de generar contaminación, perjudica la imagen de la ciudad fronteriza.

El Código Penal paraguayo establece sanciones por delitos ambientales, y la Ley 3956/09 prohíbe la quema de residuos sólidos en áreas urbanas. Sin embargo, en la práctica, la normativa es letra muerta. La impunidad permite que los responsables sigan arrojando y quemando basura a la vista de todos, sin consecuencias.

Mientras en Brasil la indignación crece, en Paraguay el problema se ignora. La contaminación avanza y la inacción de las autoridades paraguayas refuerza la idea de que el medio ambiente sigue sin ser una prioridad

Autoridades de Foz de Iguazú y Puerto Iguazú acordaron nuevas reglas para el transporte turístico entre ambas ciudades. La medida se tomó tras reuniones entre los secretarios de Turismo de ambas localidades, Jin Petrycoski y Leopoldo Lucas, y entrará en vigor este martes 18.

Según publicación del portal diariodefoz.com, el nuevo acuerdo fue necesario luego de que el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Raúl Filippa, anulara el Contrato Bilateral de Transporte Receptivo mediante un oficio presentado el 29 de octubre de 2024.

Las nuevas disposiciones mantienen el servicio bajo las mismas condiciones vigentes hasta el momento. Los vehículos de empresas brasileñas y argentinas podrán recoger pasajeros en el país vecino si cuentan con la documentación requerida. Además, se exigirá que la Orden de Servicio incluya el número exacto de pasajeros y sus datos completos.

El acuerdo también prevé controles más estrictos para garantizar el cumplimiento de las normas. Las autoridades señalaron que los vehículos sin la documentación necesaria serán sancionados y retenidos según la falta cometida.

La anulación del contrato bilateral generó incertidumbre entre operadores turísticos y visitantes. En los días posteriores a la medida, se reportaron demoras en los traslados y dificultades para algunos transportistas que operaban bajo el acuerdo anterior. Representantes del sector expresaron preocupación por posibles impactos negativos en la actividad económica de la región y pidieron una solución rápida para evitar mayores afectaciones.

El objetivo es mantener la operatividad del servicio turístico sin afectar a operadores ni visitantes. Las autoridades esperan que las empresas cumplan con las regulaciones establecidas para garantizar un funcionamiento ordenado.