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Imputados por violencia familiar serán los primeros en usar tobilleras electrónicas

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La Corte Suprema de Justicia aprobó un protocolo para la implementación gradual de tobilleras electrónicas, marcando un paso importante hacia la modernización del sistema penal en Paraguay. Esta medida, que inicialmente se aplicará en el ámbito penal ordinario de la Capital, busca controlar a los procesados mediante arresto domiciliario, comenzando con los casos de violencia familiar.

De acuerdo con el documento, las tobilleras se destinarán, en una primera etapa, a personas imputadas por violencia familiar que residan en la Capital y cuyos casos estén bajo la competencia de los jueces de Garantías de esa jurisdicción. El objetivo es reducir la sobrepoblación carcelaria y proteger a las víctimas, garantizando que los imputados cumplan con las restricciones impuestas por la Justicia.

¿Qué dice el protocolo?

  • Ámbito de aplicación: Se centra exclusivamente en casos que están en etapa de investigación dentro de la jurisdicción de la Capital.
  • Prioridad: La medida se enfocará inicialmente en hechos de violencia familiar, conforme al Código Penal.
  • Sujetos alcanzados: Personas imputadas a quienes se les haya otorgado arresto domiciliario dentro de la Capital.
  • Duración: Los jueces deberán establecer un plazo definido para el uso de las tobilleras electrónicas.

El protocolo destaca la importancia de escuchar siempre a las víctimas y mantenerlas informadas durante todo el proceso. Esto incluye notificarles sobre la colocación de la tobillera al imputado y cualquier resolución judicial que guarde relación con el caso.

Además de aliviar la sobrepoblación carcelaria, se pretende proteger a las víctimas y garantizar un control efectivo sobre los imputados, particularmente en delitos sensibles como la violencia familiar. Los jueces deberán evaluar la gravedad del caso y los antecedentes del acusado antes de decidir el uso de estos dispositivos.

Este avance también responde a una necesidad urgente de incorporar tecnología al sistema judicial, algo que se ha demandado durante años para mejorar el control y la seguridad en casos penales.

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