Ciudad del Este. Un trágico accidente de tránsito se registró en la noche de ayer, 4 de febrero, cerca de las 23:40 horas, sobre la ruta PY02, a la altura del kilómetro 7. El siniestro involucró a tres vehículos y dejó como saldo un joven fallecido, otro herido de gravedad y cuantiosos daños materiales.

El choque fue protagonizado por un Kia Soluto blanco, con chapa AARA166, conducido por Osvaldo Ozorio Amarilla, de 54 años, domiciliado en el barrio Remansito; un Toyota Allion bordó, chapa UAG-716, al mando de Bernardo David Acosta Rodríguez, de 22 años, del barrio San Isidro; y un Chevrolet Onix gris, chapa CGA-985, guiado por Lucas Nohan González Soto, también de 22 años, oriundo de Presidente Franco.

González Soto fue la víctima fatal del percance. Según el reporte forense, falleció en el acto debido a un traumatismo cráneo encefálico severo. En tanto, Acosta Rodríguez resultó con lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al Sanatorio Le Blanc, donde permanece internado en observación. Por su parte, Ozorio Amarilla salió ileso del accidente.

Tras el aviso a la Policía, la Agente Fiscal de Turno N° 2, Abg. Cinthia Leiva, se constituyó en el lugar junto con el médico forense Dr. Carlos Alfaro. También intervino personal de Criminalística, a cargo del Suboficial Inspector César González, para realizar el peritaje correspondiente.

Hasta el momento, no se han precisado las causas exactas del accidente. Se aguarda el informe técnico para determinar la dinámica del hecho y posibles responsabilidades.

Una comitiva fiscal y policial, en conjunto con técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), allanó una propiedad en Minga Guazú utilizada para la minería de criptomonedas mediante una conexión clandestina de energía eléctrica, generando cuantiosas pérdidas para la empresa estatal.

El operativo fue encabezado por el fiscal Alcides Giménez en un inmueble ubicado en el kilómetro 22, lado Monday de Minga Guazú. Según los registros, la propiedad pertenece al ciudadano chino Young Hsiu Yueg, aunque se presume que estaba siendo usufructuada por Zhihua Xia, empresario y directivo de la firma B Blue S.A.

Durante la intervención, los agentes encontraron dos contenedores repletos de equipos mineros en pleno funcionamiento. En total, se incautaron 213 máquinas de minería de criptoactivos y dos transformadores de alta potencia: uno de 663 kVA y otro de 45 kVA. En el momento de la intervención, las máquinas estaban funcionando a pleno, pero no se encontró a ninguna persona responsable en el lugar.

De acuerdo con Diego Fernández, abogado de la Asesoría Jurídica de la ANDE, “la energía eléctrica consumida en esta operación ilegal podría haber abastecido a unas 500 viviendas”, lo que pone en evidencia la magnitud del robo y su impacto en la red eléctrica.

El informe técnico de la ANDE confirmó la existencia de una derivación ilegal antes del medidor, lo que permitía el uso de electricidad de forma clandestina. Las mediciones realizadas en el sitio registraron intensidades de corriente que alcanzaban hasta 17.9 amperes, lo que corroboró el uso fraudulento de la energía.

En el momento del allanamiento, no se encontró a ningún responsable en el lugar. Las autoridades presentaron una denuncia penal por sustracción de energía eléctrica, según el Art. 173 del Código Penal, modificado por la Ley 7300/24, que también dispone la incautación de bienes vinculados a este tipo de delitos. Además, se suma la figura de perturbación de servicios públicos, contemplada en el Art. 218 del mismo código.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance del daño económico ocasionado al Estado.

El Ministerio Público, mediante la Resolución F.G.E. N.° 304 del 3 de febrero de 2025, dispuso la apertura de una causa penal basada en datos obtenidos de un dispositivo móvil que pertenecía a Eulalio “Lalo” Gómez, recientemente fallecido. Los elementos extraídos del teléfono están vinculados a hechos denunciados que podrían constituir delitos de relevancia penal.

La investigación surge a raíz de la comunicación realizada por el juez penal especializado contra el crimen organizado del Segundo Turno de Asunción, Omar Legal Troche, quien remitió los antecedentes del caso al Ministerio Público.

Designación de un equipo fiscal especializado
Para llevar adelante la causa, el fiscal general del Estado, Emilio F. Rolón Fernández, designó un equipo de trabajo integrado por los fiscales Francisco Cabrera, Marín Verdún Valdés y Néstor Corvalán, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca.

El objetivo es garantizar el análisis exhaustivo de los datos recolectados y avanzar en las diligencias necesarias para determinar posibles responsabilidades en el marco de la ley.

Se instruyó, además, la remisión de los antecedentes del caso a los juzgados competentes, así como la correspondiente comunicación a la Oficina de Denuncias Penales para el seguimiento de los procedimientos.

Con esta medida, la Fiscalía busca esclarecer los hechos denunciados, reafirmando su compromiso de impulsar investigaciones transparentes y rigurosas en el marco de la ley.